El Senado bonaerense sesionó con el objetivo de tratar el pedido del juez federal Ernesto Kreplak para tener el desafuero del legislador de Juntos Juan Pablo Allan y en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición se terminó rechazando la requisitoria del magistrado, pero a través de un dictamen de labor parlamentaria se expresó que “de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, puede proceder a la declaración indagatoria” del senador.
Fue una sesión especial y express en la que solo se leyó el dictamen de labor parlamentaria y ningún bloque hizo uso de la palabra. Allan estuvo presente en su banca. “Fue una salida intermedia”, reconoció un legislador opositor.
Allan aparece en el video grabado de una reunión que el 15 de junio de 2017 se realizó en la sede porteño del BAPRO, donde se ve al el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villega decir ante empresarios de la construcción de La Plata, agentes de la AFI, el intendente de la capital bonaerense, Julio Garro y el viceministro de Justicia Adrián Grassi: “Si pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La reunión tenía como objetivo avanzar contra el secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Medina, quien dos meses después de esa reunión sería detenido.
A partir de la aparición de ese video se abrieron distintos caminos para determinar si en la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, funcionaba una mesa judicial encargada del armado de causas contra sindicalistas.
Una de las líneas de investigación las lleva el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quién ya citó a declaración a indagatoria a Villegas, al ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi -quien también participó de aquella reunión-, a los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski; además de los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra. Salvo Fabián Cusini, constructor inmobiliario y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, el resto de los que fueron llamados a prestar declaración se negaron a declarar.
Este miércoles fue el turno del intendente de La Plata, Julio Garro, quien presentó un escrito ante Kreplak. Según pudo saber Infobae, el jefe comunal negó las acusaciones y dijo que creyó que los tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que estuvieron en el encuentro eran, en realidad, “asesores”.
La tregua o el acuerdo sellado en el Senado sobre la suerte de Juan Pablo Allan no alcanza, sin embargo, al rol del Procurador bonaerense Julio Conte Grand. Es que el oficialismo ya anunció en enero de este año que iba a iniciar un juicio político contra el jefe de los fiscales y defensores por su eventual participación en el armado de causas. Un camino que empieza formalmente en la Cámara de Diputados provincial. El oficialismo lo acusó por delitos en el desempeño de sus funciones, pero para llevar la acusación al recinto requiere los dos tercios de los presentes. En la Cámara baja, con todos sus integrantes presentes, ese número es de 61 votos. El Frente de Todos cuenta con 43 bancas, mientras que Juntos tiene 40 legisladores. Al oficialismo le faltan 18 votos.
El proceso no termina allí. La constitución provincial establece en su artículo 74 que “cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado”.
Una vez recién avanzado en ese punto, se le da curso a la actuación del Senado donde también se precisan de los dos tercios. Hoy el Frente de Todos tiene la misma cantidad de senadores que el oficialismo: 23 bancas. Y Juntos ya avisó que no votará la remoción de Conte Grand por considerarlo una intromisión hacia el Poder Judicial.
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