Los abogados hablan raro. Los jueces escriben en latín. Las leyes que debemos obedecer son incomprensibles para quienes no dominan la jerga. Los procesos judiciales son laberintos borgeanos. Grandes lujos que de la profesión que monopoliza el acceso a la justicia (no se puede hacer casi nada en tribunales sin pagarle a un abogado) y de una de las instituciones públicas con menor credibilidad (el 80% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial).
Justicia Abierta viene a simplificar lo que siempre nos preguntamos y no entendemos de ese mundo oscuro en el que se definen los límites de nuestros derechos.
La AFI es la Agencia Federal de Inteligencia, que se supone que se dedica a reunir sistematizar y analizar información vinculada a riesgos y amenazas a la seguridad exterior e interior de la Argentina. Es la sucesora de la famosa SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que pasó a llamarse SI (Secretaría de Inteligencia) en el año 2001.
La SIDE se ha dedicado históricamente a extorsionar, a carpetear, a comprar jueces, políticos, periodistas, a armar y desarmar causas, a financiar ilegalmente campañas políticas, a pagar sobresueldos, incluso a encubrir un atentado terrorista (la AMIA).
Para esto fueron clave los fondos reservados, creados por dos decretos secretos de la autodenominada Revolución Libertadora en 1955 y 1956. Desde entonces y hasta fines de 2001 no hubo ningún tipo de control sobre esos fondos. Ese año, en el medio del escándalo por las coimas del Senado, cuando se acusó al Ministro de Trabajo Alberto Flamarique de comprar con fondos de la SIDE el voto de un grupo de senadores peronistas para aprobar la ley de flexibilización laboral que pedía el FMI para otorgar un préstamo, se cambió la ley de inteligencia.
Con la nueva ley la SIDE pasó a llamarse SI. Además, se le prohibió intervenir en tareas represivas y, salvo a pedido de autoridades judiciales, en asuntos policiales o de investigación criminal; obtener información de personas por razones políticas, religiosas, etc.; e influir en la vida institucional, política y económica del país, entre otras. La excepción que le permitió a la agencia colaborar con la Justicia en cuestiones policiales o investigaciones criminales fue clave, pues, como sabemos, ahí se corta el bacalao.
La ley de 2001 también creó una Comisión Bicameral en el Congreso con facultades para controlar los gastos reservados e intervenir en una consulta no vinculante en la designación del titular del organismo. Sin embargo, estableció que para acceder a información clasificada depende de lo que decida el propio Poder Ejecutivo. ¡Gran control! La Comisión empezó a funcionar recién en el año 2004 y todo lo que hace es secreto.
Ese mismo año, en 2004, le pidieron la renuncia al entonces Ministro de Justicia de Kirchner y actual Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz por denunciar las maniobras ilegales de la SIDE con el Gobierno. El que le comunicó la noticia fue Alberto Fernández. Al día siguiente, en el programa de Mariano Grondona, Béliz mostró la foto del famoso espía Antonio “Jaime” Stiuso, le iniciaron una causa por violación de secretos de Estado, recibió amenazas y se exilió del país.
Recién 10 años después, en diciembre de 2014, cuando Cristina Fernández perdía el control de la SIDE de cara a las elecciones presidenciales del año siguiente, la descabezó y echó a Stiuso. En marzo de 2015, dos meses después de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y 10 años después de que Argentina se comprometiera con los familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a transparentar el uso de estos fondos que se habían usado para encubrir el atentado, se reformó la ley.
Así fue como se creó la AFI, se estableció la designación de su director y subdirector con acuerdo del Senado y se transfirieron las escuchas a la Procuración General de la Nación: la famosa “Ojota”, por las siglas de la Dirección de Observaciones Judiciales que funcionaba en la empresa pública de telecomunicaciones Entel hasta que en 1992, con la privatización, Carlos Menem la puso bajo la órbita de la SIDE, abriéndole la puerta a las relaciones espurias con el Poder Judicial.
La nueva ley de 2015 también limitó el uso de fondos reservados a las actividades de inteligencia y dispuso el registro y documentación de todos los gastos, reservados o no. Hasta entonces todo era reservado, incluyendo la compra de papel.
Casi apenas asumió, el 29 de diciembre de 2015, Mauricio Macri le transfirió las escuchas a la Corte Suprema por un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Pocos meses después, en marzo de 2016, derogó el decreto que disponía límites y mayor transparencia para los gastos reservados. Los escándalos por inteligencia ilegal y armado de causas se ventilan hoy en múltiples expedientes judiciales.
Alberto Fernández recuperó las disposiciones sobre limitación y transparencia de los fondos, intervino la AFI y reformó la ley de 2015 por DNU para eliminar aquella excepción que permitía que los servicios de inteligencia colaboraran con la Justicia en investigaciones criminales.
Las reformas de fondo (fortalecer y transparentar el control legislativo, disponer mecanismos de monitoreo ciudadano a través de un Ombudsman, desconcentrar las distintas tareas de inteligencia, eliminar la oficina de escuchas para que el Poder Judicial las requiera directamente de las empresas, profesionalizar al personal, reducir los fondos reservados, etc.) siguen pendientes.
Y, mientras tanto, la guerra de espías está al rojo vivo.
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