Una decena de personas que se oponen a la inoculación contra el COVID-19 se presentó el pasado jueves 13 a eso de la una de la tarde en el operativo que se estaba realizando en el centro comunitario municipal “Dr. Adolfo Goldemberg” de Crespo, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al sur de Paraná, la capital provincial.
Según la demanda que presentaron al día siguiente la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el grupo “obstaculizó o al menos intentó obstaculizar el normal desenvolvimiento de la jornada de vacunación mediante hechos violentos, todo conforme a la exposición policial” que se adjuntó en la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
La descripción de los hechos en la que se sustenta la acusación del Gobierno fue realizada por la directora del Hospital “San Francisco de Asís”, Dra. Sandra Catalina Scarso.
Una de las integrantes del grupo antivacunas, que se autodenomina “Padres Autoconvocados por la Verdad”, es la farmacéutica Sandra Ruhl, oriunda de Rafael Calzada, pero radicada en Crespo hace un tiempo.
La mujer publicó en las redes sociales su versión de los hechos: “Nos acercamos a consultar cómo se está llevando a cabo estos ensayos clínicos (sic) en la población crespense. No fuimos a interrumpir ningún proceder, conservamos videos que así lo demuestran, pero pudimos observar que no se llevan a cabo las debidas explicaciones a las personas que se presentan a vacunarse, no se les hace un examen clínico para determinar si esa persona posee condiciones clínicas para poder participar en los ensayos de Fase III”.
“Jamás hubo ni violencia ni atropello. No nos caracterizamos por manejarnos de ese modo”, agregó. En el mismo posteo, indicó que si la vacunación no está a cargo de un médico se debe denunciar a los vacunadores por ejercicio ilegal de la medicina. Si el facultativo está, Ruhl marcó que antes de la inoculación debe realizar un examen clínico, redactar una historia clínica y prescribir por escrito la vacuna además de hacer firmar a la persona su consentimiento. Si no cumple con todos estos pasos “formule la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sugirió.
Junto a ella estuvieron otros vecinos reconocidos por la población crespense: se trataría de M.T., una abogada funcionaria de los Tribunales de Diamante; A.W., un diseñador industrial que llegó de España hace unos años, y un hombre que arribó de la ciudad de Buenos Aires hace un tiempo y que montó una carnicería. Ninguna de estas personas fue identificada oficialmente hasta el momento por la Fiscalía, que no ha dispuesto aún las primeras medidas del caso.
El gobierno provincial informó que entre las personas que fueron a impedir el operativo había también un niño, hijo de uno de los manifestantes. Los padres habían solicitado el turno correspondiente para hacerlo vacunar, pero con la intención de poder ingresar al centro comunitario a concretar los ataques, evaluaron las autoridades.
La denuncia interpuesta por la ministra de Salud y el Fiscal de Estado estimó que durante la intervención de este grupo en la jornada de vacunación podría haberse cometido un delito contra la salud pública, en particular el especificado en el artículo 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“Si hoy estamos atravesando una ola de contagios que casi triplica la del año pasado, sin tener casi internaciones en terapia intensiva es gracias a la histórica campaña de vacunación que estamos realizando entre todos y todas”, razonó Velázquez.
Contra el pase sanitario
Este lunes llegó a la Casa de Gobierno provincial una carta documento firmada por el abogado Félix Javier Román como patrocinante de un grupo de vecinos de la ciudad de Concordia, solicitando al gobernador Gustavo Bordet que con carácter de “urgente” se dicte el acto administrativo para dejar sin efecto en el territorio provincial el pase sanitario. La medida está contenida en el decreto provincial 4.078 que adhiere a lo dispuesto en la normativa nacional que estableció el pase como requisito para algunas actividades sociales.
Román consideró que la exigencia de la constancia de vacunación completa “resulta violatoria de los derechos que nos asisten y se encuentran reconocidos en la Constitución nacional y en la provincial”.
Además, puntualizó: “Es menester dejar bien en claro que la inoculación exigida, mal llamada vacuna, se trata de una terapia génica experimental (sic) con seres humanos, no obligatoria cuyo contenido resulta confidencial, la cual se encuentra prohibida por el Código de Nüremberg, por la Unesco y el Código Civil de la Nación”.
Luego, vertió los conocidos argumentos de los sectores que se oponen a la inoculación contra el COVID-19: supuestos efectos secundarios que podrían conducir a la muerte, aunque sin citar fehacientemente ningún estudio científico que acredite sus dichos y que la vacunación no reduce contagios ni muertes, aunque las estadísticas oficiales en todo el mundo contradicen este argumento.
Por último, el abogado intimó a Bordet a dejar sin efecto el pase sanitario. De lo contrario, amenazó con iniciarle acciones civiles y penales por coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.