Luego de que la Justicia emitiera una cautelar en la que le ordenó al Gobierno frenar el lanzamiento de un bono de $5.000 para jóvenes que iba a entregarse antes de las próximas elecciones, las autoridades nacionales aseguraron que esta iniciativa no viola la ley y adelantaron que van a apelar la medida.
Se trata del plan denominado “Más Cultura Joven”, el cual estaba destinado a personas de entre 18 y 24 años y busca “reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales”. El dinero en cuestión iba a poder ser utilizado entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 en consumo de bienes y/o servicios culturales.
Estaba dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH). Según el anuncio oficial, el crédito de era para utilizar en cines, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, librerías, entre otros lugares.
Sin embargo, la jueza federal María Servini hizo lugar a la denuncia de un ciudadano que señaló que esta asistencia incumple con las normas que impone el Código Electoral, por lo que le exigió al ministro del área, Tristán Bauer, que se abstenga de disponer de los fondos
Ante esta situación, el Gobierno sostuvo que con esta ayuda “no se violó ni se rompió ninguna veda”, ya que “se realizó conforme a los tiempos y formas que impone la Ley Electoral porque es un programa que de ninguna manera busca promover la captación del voto en las próximas elecciones”.
“Recurriremos a todas las vías legales necesarias para apelar esta medida cautelar que intenta impedir la posibilidad de miles de jóvenes de ejercer a pleno el derecho a disfrutar de prácticas, bienes y servicios destinados a fortalecer la inclusión en la Argentina”, agregó en un comunicado la cartera conducida por Bauer.
El Ministerio destacó que este plan fue elaborado “en colaboración con la Anses y el Banco Nación” y “es una política pública pensada, diseñada y elaborada con dos principios fundamentales”, uno de los cuales es “impulsar y fortalecer la producción de uno de los sectores más castigados por la pandemia, como es el de las industrias culturales, que se traduce directa o indirectamente en más y mejores puestos de trabajo para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura al generar nuevos públicos”.
“El otro es promover la inclusión de más de 1 millón y medio de jóvenes que, a través de esta medida, puedan disfrutar de ir al cine, al teatro, a un recital, comprar un libro, la entrada de un espectáculo, porque entendemos que la cultura la hacemos todos y todas y tenemos derecho a disfrutarla todos y todas”, precisó.
En este sentido, la cartera de Cultura destacó que “se trata de una política similar a la que se realiza en países como Francia, España, Brasil y Uruguay e inclusive en otros distritos de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está implementando en la actualidad”.
Además, recordaron que el plan “fue anunciado el 14 de octubre pasado en la sala de conferencias de la Casa Rosada y desde el 19 de octubre se abrió su inscripción, en la cual ya se anotaron más de 320.000 jóvenes para recibir el beneficio”.
“Cabe destacar que el desarrollo de esta política forma parte de las múltiples y variadas medidas prácticas y acciones que realiza este Ministerio desde el inicio de su gestión, atento a las particularidades de cada momento y sin perjuicio de romper ninguna veda vigente”, subrayaron las autoridades nacionales.
Por su parte, el denunciante había argumentado que la entrega de los bonos durante el proceso electoral viola el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional. “La decisión política aquí atacada ha sido tomada en el marco de un avanzado cronograma electoral”, dice la presentación. Y agrega que “la entrega de la suma de $5000 a cada persona, encubierta bajo el programa que pretende materializar a 13 (trece) días de las elecciones del día 14 de noviembre, es un acto ilegítimo que ponen en tela de juicio la garantía que el Estado nacional debe asegurar a los electores”.
Teniendo en cuenta que el Programa ya fue lanzado y de hecho esta semana comenzó la inscripción on line, el denunciante pidió que se dicte una medida cautelar con carácter urgente de no innovar contra el Ministro de Cultura de la Nación.
Servini hizo lugar a ese pedido teniendo en cuenta que quedan pocos días para las elecciones: “Entiendo que se encuentran reunidos los requisitos legales previstos por el artículo 230 del C.P.C.C.N. y, en consecuencia, la medida cautelar requerida se determinará en estas actuaciones, en base a la urgencia del caso y con el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos”.
El “plan platita”, como lo bautizó el candidato bonaerense Daniel Gollan, se instaló en el escenario electoral para graficar las medidas del oficialismo que apuntan a retener y recuperar votos que no los acompañaron el pasado 12 de septiembre.
En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral creó a principio de mes una Secretaría especial que se encargará de tramitar las causas por delitos, faltas o infracciones que se cometen en los contextos de comicios. Son los delitos electorales que van desde falsificar documentos oficiales de una elección, incumplir con las funciones de ser autoridad de mesa o hacer fraude.
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