Un nuevo hecho trágico de inseguridad sacude de golpe a todos. Es un caso más no un caso único en la crónica de un solo día. Pero condensa dolor, enojo, temor por la desprotección. Lucas Cancino fue asesinado ayer por la mañana en Quilmes cuando iba al colegio, lo mataron para robarle la bicicleta, el celular, algunos pesos. La protesta de vecinos, unas horas después, demandó Justicia y Seguridad y, más aún, responsabilidad política. Es una demanda inmediata que expone ausencia de Estado en un tema sensible, más allá de la campaña.
La única voz de la gestión fue la de Sergio Berni. Apuntó críticamente a la Justicia para poner un escudo sobre su área, es decir, la Policía bonaerense. Volvió a plantear un contrapunto entre las fuerzas de seguridad, que sería un sistema eficiente, y los jueces, que serían displicentes. Nada nuevo en su discurso, que simplifica todo: policías que detienen delincuentes y juzgados que los liberan. Ayer mismo, destacó que uno de los detenidos como sospechosos del crimen había estado preso y volvió a la calle “en menos de cuatro días”.
El mensaje es inquietante en varios sentidos. El reparto de culpas entre poderes del Estado expresa un vacío riesgoso, que potencia la señal de desinterés. El mensaje de desprotección proyecta a la vez que no hay respuesta posible en el corto plazo. Y sugiere un siguiente eslabón, que en medios judiciales se escucha como queja: el desacople entre algunas leyes y la realidad grave de la inseguridad.
Es un círculo: un pase de la carga entre el Ejecutivo -nacional o provincial y hasta municipal-, la Justicia y el Poder Legislativo. Es llamativo, porque ese mismo cuadro deja al descubierto que el problema demanda, básicamente, voluntad y decisión política.
En cualquier punto en el que sea puesto el foco, asoman los prejuicios además de la “comodidad” o el descargo de responsabilidades. Hace rato quedó clara la falsa confrontación entre “mano dura” y “mano blanda”. Con todo, eso no esconde estribaciones con la misma matriz. Por ejemplo, presentar todo el problema como una cuestión atada casi exclusivamente a la crisis económica y sus profundas consecuencias sociales.
Es una manera de justificar la ausencia de respuestas específicas. Un mensaje desalentador atado a esperar la mejora del cuadro general del país. Y también una peligrosa mirada reduccionista, descalificadora o estigmatizadora de los sectores más vulnerables. Son esos sectores también víctimas en varios sentidos, como lo muestra el avance y afirmación territorial del narcotráfico.
Esta es una cuestión crucial. Hace más de dos décadas, algunos expertos en seguridad advertían sobre la expansión del narcotráfico con el espejo de Brasil. Hablaban del “peligro de favelización”, con varios sentidos: el sometimiento de barrios vulnerables, el dominio de territorios y la corrupción de sectores policiales, no ya sólo con coimas en plata sino asociándolos al “negocio”, entre otros puntos.
Aparecen así zonas oscuras de complicidad, al mismo tiempo que ausencia del Estado. Ese último es seguramente el factor más grave, patético además en campañas que no debaten a fondo el tema y en el juego del pase de responsabilidades desde los distintos poderes. Y ese vacío tiene víctimas. Todos los días.
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