Funcionarios judiciales bonaerenses serán autoridades de mesa en las próximas elecciones

Fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense

Autoridades judiciales de Buenos Aires serán autoridades de mesa en la provincia (EFE/David Fernández/Archivo)
Autoridades judiciales de Buenos Aires serán autoridades de mesa en la provincia (EFE/David Fernández/Archivo)
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Unos tres mil funcionarios y empleados judiciales bonaerenses serán convocados para trabajar como autoridades de mesa en las próximas elecciones. Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia provincial, al hacer lugar a un planteo que había hecho llegar el juez federal bonaerense Alejo Ramos Padilla, siguiendo los mismos criterios que se habían llevado adelante en distintos comicios desde 2009.

De acuerdo a la resolución que firmó la Corte provincial, la secretaría de Personal de la Justicia de la provincia confeccionará una nómina de funcionarios letrados “del Grupo 11, hasta 50 años de edad inclusive, que revistan entre los niveles 18,75; 19 y 19,25 de la Jurisdicción Administración de Justicia y que hayan recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el virus COVID-19, para que puedan ser designados autoridad de mesa en los venideros comicios que se llevarán a cabo en la Provincia”.

La decisión fue firmada hoy por los jueces de la Corte Suprema bonaerense Luis Genoud, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Ayer se formalizó la renuncia del juez Eduardo Pettigiani, que había sido presentada días atrás ante el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para jubilarse.

La medida ya se había puesto en práctica en elecciones anteriores pero en esta oportunidad serán más necesarios que antes. Es que según aseguran fuentes vinculadas al operativo electoral hay preocupación por la gran cantidad de telegramas enviados a ciudadanos para que sean autoridades de mesa que están llegando rechazados.

Según el criterio fijado por la justicia electoral provincial, las personas designadas para ser autoridades de mesa deberán tener entre 22 y 58 años, un criterio sugerido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), en el marco de la pandemia, y que fue adoptado por la mayoría de los distritos electorales.

Un hombre busca el lugar donde vota en uno de los centros de votación asignados para las elecciones Primarias (EFE / Imagen de archivo)
Un hombre busca el lugar donde vota en uno de los centros de votación asignados para las elecciones Primarias (EFE / Imagen de archivo)

“Razones de prudencia aconsejan, dado el estado de la pandemia a la fecha, acotar el rango etario de selección, a fin de evitar que las designaciones recaigan en electores que integran los grupos etarios que evidencian mayores niveles de contagiosidad o de riesgo asociado al contagio de Covid”, afirmó.

Por la pandemia del coronavirus, en las elecciones PASO del 12 de septiembre y en las generales del 14 de noviembre habrá una nueva forma de votar. Hay cambios en la organización y hasta en lo que cada elector debe y puede hacer en la mesa de votación y en el cuarto oscuro. Así quedó establecido en el “Protocolo sanitario de prevención Covid-19 – Elecciones nacionales 2021” que elaboraron la Cámara Nacional Electoral y los ministerios de Salud e Interior de la Nación y que se aplicará en estos comicios. Allí no solo habra pautas para los electores sino también para las autoridades de mesa.

El Ministerio del Interior de la Nación dispuso, semanas atrás, que los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa, y cumplan efectivamente tal función, en las elecciones legislativas percibirán una suma de $2.500, en concepto de viáticos. En tanto, se estableció una suma de $1.500 para quienes efectivamente participen de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones primarias.

La Resolución también fijó una suma de $4500 para los ciudadanos que sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación. Además, se dispuso una suma de $1.700 para los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral.

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