Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina enviara a su par uruguayo el pedido de detención y extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la Justicia del país vecino confirmó haber abierto un expediente para avanzar sobre este requerimento.
El Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, a cargo de la doctora Adriana Chamsarián, recibió la solicitud de detención y extradición del operador judicial de Mauricio Macri y por estas horas se asignará una fiscalía para su investigación.
En Uruguay, la extradición a la Argentina está regulada por el tratado suscripto en 1996 en Montevideo y ratificado en la ley 17.225. “La detención es una actividad administrativa a cargo de la autoridad aprehensora (Interpol). Una vez realizada la detención, debe darse cuenta a la Justicia. Es recién entonces que se judicializan los procedimientos”, indicó una fuente judicial uruguaya a Infobae.
Y continuó: “La extradición es un proceso que tiene por objeto determinar si corresponde o no extraditar a la persona requerida”.
Rodríguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020 y está siendo investigado por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán luego de ser acusado de extorsión y de integrar una asociación ilícita.
La Cancillería argentina elevó ayer el pedido de exhorto a su par de Uruguay para solicitar el requerimiento mencionado luego de que Servini ordenara su captura internacional.
El viernes pasado, según fuentes de la Cancillería, se envió al país presidido por Luis Lacalle Pou el exhorto por el cual se pedía que Rodríguez Simón fuera ubicado y no se le permitiera abandonar Uruguay. En tanto en las últimas horas se completó el trámite por parte de la Cancillería y se remitió el pedido de detención con vistas a la extradición.
El miércoles 19 de mayo, la jueza Servini había decidido declarar en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Y fue por eso que envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida. También le había dirigido un oficio al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina.
Ese día, Rodríguez Simón se presentó ante el juzgado de turno, informó su residencia y notificó que tiene en curso un pedido de asilo político.
Servini había fundamentado su pedido de detención con los siguientes argumentos: “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021.Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y pareciera ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
El sábado pasado, el juez uruguayo Marcelo Malvar desestimó un habeas corpus preventivo solicitado por Rodríguez Simón ante un juzgado de Montevideo para intentar evitar su detención.
La figura del habeas corpus requerida por el ex funcionario macrista está contemplada en el Código de Procedimiento Penal uruguayo para los casos en los cuales las autoridades incurren en “una acción ilegal que genera, a su vez, una detención ilícita”, según habían explicado especialistas al diario uruguayo El País.
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