La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este viernes por la madrugada, por unanimidad, el proyecto que implementa la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional “permanente, transversal e integral” en todos los establecimientos educativos de la República Argentina.
La iniciativa, que con el voto afirmativo de los 58 legisladores presentes se convirtió en ley, pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural; y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.
La nueva normativa crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como “principal instrumento de la política” para la enseñanza de esta materia “en todo el territorio nacional”.
Sus objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades.
Además, con motivo de celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente, y con el propósito de afianzar el compromiso con el planeta en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional” en el cual las personas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad también con las generaciones sucesivas.
Cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jomada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad y sus participantes, así como la entrega de las correspondientes menciones por la participación.
La ley establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el ámbito de la educación no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.
Además, el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Educación (CFE), tendrán la facultad para implementar la ENEAI y las EJEAI en los ámbitos de la educación formal, no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación. El debate fue seguido en el recinto de sesiones por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Ambiente, Juan Cabandié.
La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la oficialista sanjuanina María del Carmen López Valverde, dijo que “para tener el ambiente que deseamos, ese deseo tiene que ir de la mano de la educación de jóvenes y niños”, y agregó que para que ello ocurra “la escuela debe estar presente”
“Este proyecto nos habla de una política pública, reforzando el paradigma de que la participación de la ciudadanía y hacen que sea posible la sustentabilidad del ambiente”, destacó.
Valverde opinó que “este proyecto de Educación Ambiental Integral percibe un enfoque dinámico en el que se toma conciencia de la relación con el medio”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta, la opositora bonaerense Gladys González, afirmó que “la humanidad vuelve a enfrentarse a una pandemia que pone en crisis la forma en que vivimos”
“Lo que decidimos hoy va a ser determinante para evitar futuras pandemias”, destacó. La legisladora de Juntos por el Cambio afirmó que se sabe “cuál es la estrategia correcta”, pero remarcó que “falta voluntad”.
En tanto, Antonio Rodas, del Frente para la Victoria, vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, consideró que la ley ahora sancionada constituía “una deuda que tenía la democracia” y valoró que la norma “otorga a los diversos sectores de la población herramientas e información para el uso sostenible de los recursos naturales”.
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