Durante un acto en Casa Rosada en el que promulgó la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias y anunció un nuevo crédito de viviendas, Alberto Fernández volvió a criticar -sin nombrarlo- a Horacio Rodríguez Larreta por no respetar el DNU del Gobierno con respecto a la prohibición de clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril.
“Debemos seguir cuidándonos, entender la gravedad del tiempo que atravesamos más allá de la negación que algunos hacen. Frente a los que niegan, asumamos la realidad y la verdad. Frente a los que niegan la verdad, asumamos que hay una verdad que nos corre, nos castiga, nos contagia y hasta nos mata. Tenemos que ser muy cuidadosos para sufrir lo menos posible este tiempo tan trágico que nos ha tocado vivir”, sentenció el Presidente.
Además de los dichos del jefe de Estado, la postura del gobierno porteño fue criticada por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. “No vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja a la provincia en la anarquía”, indicó más temprano durante una conferencia de prensa.
Sobre la decisión de la Cámara de Apelaciones porteña, Bianco criticó la “judicialización de la política sanitaria” y la calificó de “aberración política y judicial, porque la Justicia porteña se tomó atribuciones que le corresponden a la federal”.
Más temprano, Larreta le había contestado a Fernández la acusación de que no avanzaba rápidamente la vacunación del personal docente porteño: “Ojalá nos hubieran dado dosis más rápido y ya estarían todos los maestros vacunados”.
El jefe de Gobierno explicó que el orden de prioridad para vacunar lo fijó el gobierno nacional: primero los trabajadores de la salud, segundo adultos mayores de 60 años, tercero personal esencial, docentes y policías. “Todavía no terminamos de vacunar a mayores de 60. Y por la cantidad de vacunas que nos dio Nación todavía no llegaron vacunas para los docentes”, advirtió.
Esto fue reforzado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós: “Hay seis etapas en el plan que ha sido hecho por expertos de primer nivel. Ellos han definido un orden de aplicación de acuerdo al riesgo de cada grupo. Han propuesto primero trabajadores de salud, luego mayores de 70, luego 60-69 y luego los estratégicos. Ahí están los trabajadores de la educación. Cumpliendo la propuesta del gobierno nacional vamos en ese orden. No queremos saltear etapas porque no queremos confundir a la ciudadanía respecto de quién se vacuna primero y no queremos cambiar las prioridades que los expertos han dispuesto para la vacunación”.
Los cruces entre funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños se dan en medio de la disputa judicial sobre el cierre de las escuelas que deberá definir la Corte Suprema. En esta instancia, la estrategia del Gobierno, a cargo del equipo jurídico y epidemiológico que asesora al Presidente, será basarse en un informe que sumará la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que da cuenta de los motivos por los que se tendrían que suspender las clases presenciales y reducir así, aún más, la circulación en el AMBA.
La línea argumental del escrito dejará expuesta la idea que tiene Alberto Fernández sobre los motivos por los que tomó la decisión de suspender la presencialidad por dos semanas. El Presidente considera que el decreto no está dictando una medida de política educativa, sino de política sanitaria. Hay un interés general y es la salud de la población en el medio de una pandemia y frente al impacto de la segunda ola de contagio de COVID-19.
El jefe de Estado entiende que es facultad del Poder Ejecutivo tomar una decisión de ese calibre en materia sanitaria y que tienen la evidencia científica para hacerlo. En cambio, si quisiera tomar una decisión en el terreno educativo, se encontraría con que los gobiernos locales tienen facultad para decidir sobre esa materia en sus provincias.
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