El Gobierno justificó la decisión del presidente Alberto Fernández de anular el régimen migratorio que aplicó la gestión de Mauricio Macri, que permitía frena los ingresos de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a quienes fueran acusados de cometer delitos en territorio argentino. ”La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”.
La anulación del decreto que había confeccionado Macri en 2017 por parte del Gobierno provocó la inmediata reacción de sectores de la oposición que denunciaron que con esta medida se favorecía el ingreso al país de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cuya directora es María Florencia Carignano divulgó un comunicado en el cual sostiene: “Ante interpretaciones erróneas de la derogación del Decreto 70/17, se ve en la obligación de informar que las herramientas para la expulsión de extranjeros que delinquen, como así también las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros, son exactamente idénticas al DNU dictado por el ex presidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones”.
Para Carignano, el decreto 70 “fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia. La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”.
Esta mañana, una vez conocida la anulación del decreto varios referentes de Juntos por el Cambio habían repudiado la medida adoptada por Alberto Fernández. Tanto Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad durante el mandato de Macri) como Rogelio Frigerio (ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos), el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y diputados del radicalismo y del PRO expresaron su indignación a través de las redes sociales.
Bullrich, por ejemplo, escribió: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.
Por su parte, Frigerio afirmó, entre otros conceptos vertidos en Twitter, que con la derogación del decreto se favorecía “el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”.
“La única diferencia significativa entre la vigencia del decreto 70 durante el macrismo y la de la Ley Nacional de Migraciones, son la cantidad de expulsados del país. Pero esto se debió a la creación de una Dirección de Extranjeros Judicializados que se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado. Aclaramos lo del pasaje pago por el Estado porque hasta la gestión de Macri el traslado de presos era una carga pública que debían realizar las aerolíneas sin costo alguno para el Estado nacional”, añadió Carignano.
En el Gobierno dicen que esto fue posible porque se sometió a muchos extranjeros que habían delinquido en Argentina a un juicio sumarísimo de solo tres días. Eso, afirman, permitió que la cifra de ciudadanos de otras nacionalidades expulsados aumentara exponencialmente. Y también comunicaron que actualmente se negocia permanentemente con las diferentes aerolíneas para que no les cobren esos pasajes.
El agravante de esta situación, fue que durante este período fueron detenidos en territorio nacional algunos de estos delincuentes liberados, quienes a pesar de haber sido expulsados volvieron a reingresar al país de forma irregular. Uno de los ejemplos que citaron en Migraciones es el del asesino del turista en Retiro para robarle una bicicleta, un extranjero
El Presidente Alberto Fernández decidió derogar el Decreto 70/17 a la vista que, en números y datos concretos, no significó ninguna mejora en la gestión de fronteras. Por el contrario, fue ampliamente cuestionado por organismos internacionales en el marco de las Naciones Unidas y fue declarado inconstitucional en reiteradas oportunidades por jueces argentinos en distintas instancias. No sirvió para nada y era inconstitucional.
La DNM, además, informó que el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de la disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos en 2019 (DNM 520/19) que autorizó el ingreso al territorio nacional de miles de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, sin que esta situación haya podido regularizarse a la fecha.
En el final del comunicado de Migraciones se consigna que en esa dependencia, a partir de diciembre de 2019 cuando asumió Fernández, se hicieron denuncias y sumarios internos porque encontraron acciones de espionaje ilegal, falta de protección de datos personales, venta de residencias a ciudadanos chinos, rastreo de redes sociales y hackeo a las cuentas de la DNM.
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