La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Ángela Ledesma –que votó en disidencia-, rechazó dos quejas interpuestas por los abogados de distintos accionistas de la empresa constructora Gotti S.A. contra los rechazos de excepciones por prescripción que habían presentado.
La investigación se centra en una maniobra cuya intención, según la acusación, fue “otorgar apariencia de licitud, distanciar de su origen ilícito y finalmente convertir en efectivo”, para impedir su trazabilidad, de una gran parte de las ganancias. Las mismas habrían sido obtenidas de manera ilícita, como consecuencia de la asignación de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado liderado por Lázaro Antonio Báez, investigadas en la causa 5048/2016.
La causa, conocida como vialidad u “obra pública”, se encuentra en pleno juicio oral y público y se encuentran imputados la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ex ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido; y Lázaro Báez, entre otros.
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En ese contexto, los jueces Borinsky y Carbajo denegaron la queja y recordaron que a efectos de computar la prescripción debe tenerse en cuenta la calificación más grave imputada por la acusación, en este caso el fiscal. En disidencia, Ángela Ledesma propuso que se admita la vía intentada.
Cristina Kirchner, Báez, De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el resto de los acusados están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019, por los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminadas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para realizar los trabajos- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez.
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Recientemente, el lunes 8 de febrero, se reinició el juicio, al que le quedan cerca de 100 testigos por declarar de los 184 convocados por el tribunal a pedido de las partes. Con ese cronograma, este año no habrá veredicto para los imputados.
La reanudación se llevó a cabo con la declaración de un único testigo. Fue por el sistema de videoconferencia -que se aplica desde agosto del año pasado por la pandemia del coronavirus- y tras la finalización de la feria judicial de enero.
Se trató de Leonardo Durante, del área interna de auditoria de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, quien participó en 2013 en informes de obras públicas. El testigo sostuvo que ningún funcionario superior le pidió que beneficie en su informe a Austral Construcciones, la empresa de Báez, y que no sabe si eso le sucedió a otro auditor.
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Al testigo le preguntaron si la redeterminación del precio de una obra implica un sobreprecio y contestó que no. “Entiendo yo que sobreprecio es ponerle un precio superior a un producto de un determinado valor. Redeterminar no es hacer un sobreprecio, es producto del devenir de la inflación”, contestó Durante, que se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los abogados de los acusados, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y los abogados de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera participaron por el sistema de videoconferencia de Zoom.
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