A sólo 48 horas de la última audiencia, el Tribunal Oral Federal 4 decidió ayer postergar el final del juicio oral por “la ruta del dinero K”, una causa con implicancias políticas por la cercanía de Lázaro Báez con la familia Kirchner. La decisión sorprendió a la mayoría de los abogados defensores, que aguardaban una definición después de casi dos años y medio de debates. “Hay cuestiones técnicas que resolver antes de dar a conocer la sentencia”, relativizó una fuente del tribunal ante Infobae. Sin embargo, otras voces sostienen, por estas horas, que hay diferencias entre los jueces para acordar una sentencia condenatoria.
“Por ahora no hay acuerdo, están ganando tiempo. Las dos juezas opinarían que la maniobra de lavado no está configurada porque el supuesto delito precedente de la obra pública no tiene condena y la evasión es un delito autónomo”, dijo una fuente judicial que tiene acceso a los integrantes del TOF 4.
Según esa versión, que viene tomando fuerza en los últimos meses, las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti estarían más cerca de apoyar la absolución de los acusados, luego de más de siete años de investigación. En cambio, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, tendría su voto encaminado a una condena, con argumentos muy similares a los que expuso el fiscal Abel Córdoba durante su alegato.
Pese al hermetismo de los últimos días, Infobae había adelantado el domingo que había un debate interno sobre el delito precedente que se tomaría en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Durante su alegato, el fiscal habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad –donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas– y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.
Aunque la doctrina mayoritaria no requiere condenas en los delitos precedentes, al menos una de las juezas opinaría lo contrario. Si no hay delito precedente en la obra pública, se caería toda la acusación. “No se sostiene una acusación de este tipo solo por evasión, porque además Báez ya recibió una moratoria”, explicó el abogado de unos de los acusados.
Cerca de Báez, son más terminantes sobre los delitos precedentes: “Si hubo delito en la obra pública, las causas de evasión no pueden ser el delito precedente. En Argentina los delitos no pagan impuestos”, graficó uno de los abogados del empresario.
¿Báez puede ser absuelto por la ruta del dinero k y luego condenado en la causa de Vialidad? En la Justicia sostienen que es un escenario posible. Las defensas, muchas de las cuales están en los dos juicios, opinan lo contrario.
Hay otro dato que suma incertidumbre a la hora de anticipar el veredicto en “la ruta del dinero K”: hay pocos antecedentes en Comodoro Py de juicios por lavado de dinero que hayan terminado con condenas. “La mayoría de las causas por lavado van a juicio abreviado”, explicó una fuente judicial.
López Iñíguez y Palliotti se conocen hace más de dos décadas y trabajaron juntas en el comienzo de sus carreras. “Son dos juezas serias y honestas”, destacó un fiscal a la hora de intentar definirlas. En 2003, López Iñíguez asumió como jueza en la ciudad de Buenos Aires y regresó a Comodoro Py recién en 2017, cuando juró como integrante del TOF 6. Actualmente preside el tribunal oral que debe juzgar la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, otra de las casas que tiene a la vicepresidenta entre los acusados.
Palliotti fue nombrada como jueza del TOF 5 en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Actualmente es suplente en la causa de Vialidad, por lo que conoce el desarrollo de ese juicio, e integra el tribunal que debería realizar el juicio por las causas de Hotesur y Los Sauces.
La falta de acuerdo sobre el nudo de la acusación habría desencadenado la postergación. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que la postergación de la sentencia se debió a “cuestiones técnicas”. “Fueron muy extensos los alegatos y las partes introdujeron temas jurídicos que debemos seguir analizando”, dijo a Infobae una alta fuente del tribunal.
La Fiscalía pidió una pena de 12 años de cárcel para Báez y una multa de $2.121 millones. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas para el empresario: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de cárcel. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. “No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, se lamentó el hijo mayor de Báez el miércoles pasado. Dos días después recibió una mala noticia: el TOF 4 le prorrogó la prisión preventiva hasta el 7 de marzo aunque ya pasaron dos años desde su detención.
El TOF 4 tenía previsto terminar el juicio este miércoles, con la declaración de los últimos siete procesados. Ayer, los jueces optaron por “partir” esa audiencia para ganar tiempo. El miércoles podrán decir sus últimas palabras Alejandro Ons Costa, César Fernandez, Jorge Cerrota, Christian Delli Quadri y Eduardo Castro. El 17 de febrero no habrá audiencia y para el 24 quedaron relegados Martín Eraso y Juan Alberto De Rasis, los dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que habrían participado de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral.
La resolución que recibieron las partes ayer a la mañana habla de “la complejidad de la causa” y de la carga de audiencias que tienen los jueces en otros juicios, dos temas que ya eran conocidos para todas las partes. Por eso, la decisión del TOF generó una ola de rumores y especulaciones.
Sin embargo, por estas horas nadie se anima a pronosticar un final.
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