Jueces y fiscales pidieron la inconstitucionalidad del nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial que fue modificada en marzo pasado con lo que fue la primera iniciativa del gobierno de Alberto Fernández en la justicia. La ley, entre otros aspectos, elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo y estableció el cobro de la jubilación sobre las últimas 120 remuneraciones.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la presentación la hicieron este lunes en conjunto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), las dos entidades más representativas en lo político y gremial.
Los cambios al régimen de jubilaciones fue el primer enfrentamiento entre el gobierno de Fernández y parte de la justicia. La primera de las varias tensiones que tuvieron en el primer año de mandato del Frente de Todos. La iniciativa aprobada por el Congreso en marzo de este año y abril se publicó en el Boletín Oficial con el número 27.546.
La nueva ley elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo de los integrantes del Poder Judicial; mantuvo el 82 por ciento para la jubilación pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones mediante una comisión que todavía no se creó; y elevó para los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años de manera escalonada año tras año hasta llegar en 2025 a los 65.
El Poder Ejecutivo propuso los cambios para paliar el déficit del sistema de jubilaciones del Poder Judicial. Los funcionarios que defendieron la iniciativa en el Congreso, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el entonces director de Anses, Alejandro Vanoli, sostuvieron que el promedio de las jubilaciones de jueces y fiscales era de entre 300 y 400 mil pesos.
Las entidades judiciales, incluida el gremio de empleados, rechazaron la iniciativa. Señalaron que el gobierno sancionó la ley sin presentar los números del déficit del sistema, que desde el Poder Judicial sea hace un aporte mayor sobre el sueldo que otros regímenes jubilatorios y que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangibilidad de las remuneraciones.
Con esos argumentos la AMFJN, presidida por Marcelo Gallo Tagle, y la AFFUN, que tiene al frente a Carlos Rívolo, presentaron un juicio de conocimiento contra la ANSES que quedó a cargo de la jueza en el contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez. El juicio contiene un informe que realizaron las entidades -que no difundieron la acción hasta tanto el Poder Ejecutivo no esté notificado- en el que sostienen que su régimen no es deficitario de manera permanente como sostuvo el oficialismo.
Las agrupaciones no pidieron la habilitación de la feria judicial -hoy es el último día hábil del año en tribunales- para que la causa se tramite durante el receso de enero por lo que se retomará en febrero. Uno de los primeros pasos será la opinión del gobierno sobre la demanda, que las entidades no difundieron hasta tanto el Poder Ejecutivo no esté notificado.
Junto con el pedido de inconstitucionalidad de la ley la AMFJN y la AFFUN plantearon una medida cautelar para que la norma no se aplique durante el trámite de la causa.
Una de las incógnitas del expediente es si la jueza Marra Giménez se apartará o no. Lo mismo para todos los magistrados que tengan que intervenir. Es porque la ley los afecta a todos ya que se trata de sus jubilaciones.
El expediente llegará si o si a la Corte Suprema por lo que será el máximo tribunal el que tenga la decisión final. Allí se abren varios puntos políticos para Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Uno, que resaltaron las entidades desde que se presentó la iniciativa, es que los jueces de la Corte, el procurador General, la defensora General y el presidente de la Nación, quedaron excluidos de los cambios y mantienen así un régimen de jubilación mas beneficio. También la tensión entre el máximo tribunal y el gobierno después de las críticas que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en una carta pública hace un mes.
Por otro lado el 2021 es un año electoral y para una Corte decidir sobre los intereses de los jueces siempre representa un conflicto extra, sobre cuando la demanda es contra el gobierno nacional.
Los jueces y los fiscales apuestan a confrontar al máximo tribunal con lo que entienden son fallos ya dictados -aunque no con la actual integración- que avalan su postura. “Que desde Fallos: 176:73, este Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia”, citaron las entidades cuando se debatía la norma.
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