Uno de los objetivos de la administración de Alberto Fernández es dejar de ser “el Gobierno de la pandemia” y empezar a mostrarse pensando en el futuro y la nueva normalidad. Entre otras, una de las herramientas que el oficialismo tiene en mente para fomentar el crecimiento de la actividad económica en todo el país es la negociación de un nuevo pacto fiscal con los mandatarios provinciales.
Si bien es un proyecto que todavía está en discusión y no se saben muchos de sus detalles, Infobae adelantó hace unos días que la iniciativa de Alberto Fernández se basa en tres ejes: la posibilidad de que las provincias sólo se endeuden en pesos; que redefinan sus esquemas impositivos; y que resignen la posibilidad de litigar contra la Casa Rosada en caso de algún inconveniente.
Estos son tres de los ejes del consenso fiscal que impulsan el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, y el Ministerio de Economía, liderado por Martín Guzmán. Estos dos funcionarios ya empezaron a discutir en reserva con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para otorgarles a estos distritos “herramientas de autonomía fiscal que tendrán resultados en la recaudación”, según los borradores de los documentos que empezaron a intercambiar.
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En tanto, se impulsa un límite para el endeudamiento en dólares de las provincias, algo que afectó el día a día de la economía de varios de los distritos del país ya que tuvieron que renegociar sus deudas o están en eso.
Ante este panorama, desde la Coalición Cívica adelantaron su posición en contra de la iniciativa. “Prohibir a las provincias realizar futuros reclamos judiciales o renunciar a los ya iniciados viola la Convención Interamericana y el Pacto de derechos civiles y políticos que tienen jerarquía constitucional (artículo 75º Inciso 22) y lesiona el federalismo y aumenta la discrecionalidad”, sostuvo la líder del espacio Elisa Carrió en su cuenta de Twitter.
En esa línea, la ex diputada, consideró que “el congreso de ninguna manera tiene competencia para sancionar una ley inconstitucional”.
“Como ya hemos sostenido se está avasallando a la Ciudad de Buenos Aires al quitarle recursos que le fueran concedidos para sostener la seguridad de más de 6 millones de argentinos. Negar una transferencia de recursos automática y someter a la Ciudad a una constante negociación por los fondos que le corresponden al aportar el 22% de recursos totales no solo es inconstitucional sino extorsión”, consideraron Carrió, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la CC) en un comunicado firmado en conjunto.
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En tanto, Carrió también se refirió a la discusión de la nueva fórmula de aumento de las jubilaciones y opinó que “tampoco vamos a aceptar que se ajuste a los jubilados, se está proponiendo una fórmula engañosa que depende de variables que son perjudiciales y de difícil control”.
Por último, Carrió concluyó que “Argentina no tiene salida con estos niveles de impuestos cada vez más elevados”.
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