El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los delegados de los cuatro barrios que forman parte de la ocupación de las 100 hectáreas de Guernica -San Martín, La Lucha, 20 de Julio y La Lucha- rompieron el diálogo. De esta forma, Sergio Berni, ministro de Seguridad, quedó al frente del conflicto en lugar de Andrés “Cuervo” Larroque. El titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad intentó llegar a un acuerdo con los usurpadores para que dejen el predio de forma voluntaria, pero después de casi 100 días las negociaciones fracasaron.
Por esa razón, Berni y el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, son los que definen el momento del “lanzamiento” de las 1.400 familias que permanecen en el asentamiento. En total, se trata de 4.417 personas.
Pasadas las cinco de la mañana, a la par del amanecer, comenzaron a aparecer los primeros efectivos de seguridad a rastrillar el predio de Presidente Perón. Mientras tanto, vecinos que tomaron el lugar junto a las organizaciones de izquierda se mostraban reticentes a desalojar el lugar. Minutos antes de las seis A.M, Sergio Berni llegó a la toma.
“El desalojo es inminente. Lamentablemente en el juego de dilatar de esta gente, sobre todo del Polo Obrero y algunas organizaciones que forman parte de la toma, nos debilitaron frente a la justicia y se terminó nuestra intervención. Ahora es el ministerio de Seguridad el que esta a cargo de las acciones, la toma tiene que ser liberada como máximo el viernes", había reconocido ayer ante Infobae un funcionario del ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Por cuestiones climáticas, Berni había solicitado la postergación del desalojo para el lunes 2 de noviembre. Lo hizo ante el juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, pero el magistrado ya había resuelto que como máximo el próximo viernes el predio debía estar liberado. Y en la provincia de Buenos Aires, el jefe del proceso penal es el fiscal.
Condomí Alcorta ya había hablado durante 40 minutos con los abogados que defienden a los imputados por la usurpación. Les expresó su malestar por las constantes dilaciones de los integrantes de la ocupación para tirar hacia adelante la fecha del desalojo y la poca voluntad de acordar que demostraron ante cada propuesta que realizó el gobierno de Axel Kicillof.
Les aseguró que, a no ser que lloviese, en las próximas horas irrumpiría en el predio junto al pelotón de uniformados liderados por Berni. Además prometió que, tal como figura en la última propuesta presentado por Larroque, las personas que abandonen el lugar de forma pacífica no serán imputadas por el delito de usurpación y resistencia a la autoridad, a la vez que anticipó que los hospitales de la zona ya fueron puestos en alerta por si se producen incidentes.
Tanto en la Justicia como en la gobernación bonaerense y en los mandos de la policía provincial, el temor es que, como suele ocurrir, entre las personas que van a ser desalojadas haya infiltrados que inciten a la violencia.
La misma sospecha pesa sobre los integrantes de los grupos que supieron liderar las asambleas y que incidieron en el fracaso de las negociaciones para forzar el desalojo.
Las imágenes que se verán durante el “lanzamiento” son justamente las que el Poder Ejecutivo provincial quería evitar. En la última propuesta, realizada por el ministro Larroque y el equipo interministerial que montó un dispositivo en el ingreso al predio tomado, la provincia de Buenos Aires les ofreció a las familias que aceptaban retirarse de manera pacifica subsidios de 50.000 pesos para ampliar sus viviendas en el lugar de origen, ya que la mayoría tenía vivienda pero estaban hacinados en casas de familiares.
También ponían a disposición subsidios para alquilar que partían de los 15.000 pesos mensuales, para alojarse entre 4 y 6 meses hasta que se adquirieran los 650 lotes definitivos con servicios del luz y agua como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat en el Partido de Presidente Perón, para los grupos familiares que “evidencien problemas habitacionales estructurales”.
Esos lotes, se aclaraba en el acta que finalmente no fue homologada, ya que los delegados de los barrios no la refrendaron, “serán escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares”.
En principio por presión de los grupos más radicalizados de la toma, pero también por la desconfianza con respecto a que el gobierno de Kicillof no cumpliese con las promesas, la mayoría de las familias y personas no aceptaron el acuerdo.
El desaire tomó mal parado a los funcionarios que confiaban en que las extensas horas de diálogo dieran su fruto. De hecho, el propio gobernador Kicillof anunció que casi 700 familias habían acordado, que el 80% de los usurpadores se habían ido de la toma y que quedaban entre 150 y 200 familias en el lugar.
Como anticipó Infobae, eso no era así. El jueves de la semana pasada los grupos de izquierda que componen la toma posibilitaron el ingreso de más familias, contradiciendo lo dispuesto por el juzgado de Rizzo y la fiscalía de Condomí Alcorta.
Ante el hecho consumado y la solicitud de los delegados de los cuatro barrios de que se relevara nuevamente a los integrantes del asentamiento bajo la supervisión de dos organismos de derechos humanos como el CELS y el SERPAJ, se consolidó el nuevo número: 1.400 familias y 4.417 personas.
El aumento del número de ocupantes de las 100 hectáreas fue otro de los argumentos del fiscal para decidir no seguir dilatando la situación, a pesar del pedido del ministro de Seguridad. “Cada vez hay más gente en vez de menos”, le dijo a uno de los letrados que integran el colectivo de abogados que patrocinan a alguno de los imputados en la causa.
Para el desalojo, Berni preparó un dispositivo impresionante: más de 4.000 policías de la mayoría de las reparticiones, entre ellos los grupos especiales, como Halcón y La Dirección Unidades Tácticas Operaciones Inmediatas (UTOI); policías de Infantería; 50 motos “bitripuladas”; negociadores; integrantes del escuadrón antibombas; ambulancias, médicos y enfermeros.
La izquierda, con el Polo Obrero a la cabeza, promete resistir la embestida de Berni y la justicia y “apoyar la decisión” de quedarse en el predio que tomaron las familias que desde hace 100 días soportan lluvia, calor y frío.
Anoche comenzaron algunas de esas acciones, con caravanas de cientos de vecinos del lugar, entre ellos niños, recorriendo el predio y cantando que de allí nadie se iba y solicitando “tierra por tierra”.
“Ante el inminente desalojo las organizaciones sociales, piqueteras, de derechos humanos y políticas impulsamos acciones de lucha. Los cortes serán en el Puente Pueyrredón, en el Hospital Posadas, en 9 de Julio y Corrientes, en la Autopista Buenos Aires- La Plata y en todo el país”, anunciaron desde sus redes sociales el Partido Obrero y el Polo Obrero.
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