El dirigente social Juan Grabois respondió a las acusaciones recibidas luego de que la familia Etchevehere denunciara ante la Justicia la usurpación de su estancia “Casa Nueva” y señalara que el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular comandaba tal movilización en la provincia de Entre Ríos.
En diálogo con Infobae, Grabois explicó: “Dolores Etchevehere me vino a ver hace unos meses para trabajar juntos en un proyecto agroecológico. Ella abrió las puertas de la “Casa Nueva” el 15 de octubre. Tiene llaves, conoce a las personas que trabajan allí. No hubo ninguna usurpación violenta, como denunciaron y desmintió públicamente el fiscal (Oscar Sobko). La gente fue invitada por Dolores y ella tiene la escritura para poder estar. El tema de que ingresaron con armas y de manera violenta está descartado en el expediente”.
El conflicto generado en el distrito de Santa Elena, en el Departamento de La Paz, movilizó a más de 600 ruralistas, vecinos y productores agropecuarios que rodearon el campo para solidarizarse con Luis Etchevehere, ex ministro de agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, hermano de Dolores y protagonista de una disputa que puso sobre la mesa una herencia familiar y otros señalamientos. Desde temprano, la Policía de Entre Ríos custodia los ingresos al campo para evitar un enfrentamiento entre ambos grupos.
“Dolores pasó veranos ahí. Hay una disputa real sobre el tema de la herencia que estamos convencidos de que la vamos a ganar. Una cantidad de bienes gigantesca, maniobras societarias que se hicieron todas re truchas, que hay que desmarañar una por una. Lo que queremos es que el juez establezca un esquema de convivencia entre los herederos”, indicó Grabois.
El juez de Garantías Rubén Flores agendó para este miércoles una audiencia entre las partes que debió suspenderse por el impedimento que por estas horas atraviesa Dolores Etchevehere para salir del lugar. “No vamos a dejar amedrentarnos con términos como -cito textual- ‘a estos negros los vamos a sacar del forro del orto’ o ‘a más de uno se le sale la vaina para ir armados’. Los dichos son de dos dirigentes conocidos de este sector, son muy violentos”, reveló el dirigente social.
Grabois es abogado de Dolores Etchevehere en la causa federal y junto a ella idearon el “Proyecto Artigas”. El sitio de esta organización explica el motivo de su creación: “Una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente que, movilizados por la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común, actuamos conjuntamente en aquellas causas donde se vulneran los derechos de la tierra; causas que han sido ignoradas, cajoneadas y/o boicoteadas por las propias instituciones de la República, corrompidas por los privilegios de quienes usan el poder en su provecho, en un sistema estructuralmente perverso. El impulso fundante de Proyecto Artigas es el Caso Etchevehere”.
La única mujer entre cuatro hermanos decidió donar el 40% de la parte que le corresponde de esa estancia. Para eso, firmó con el “Proyecto Artigas” un acta fundacional de la “Comunidad Rural Organizada Artigas”, donde se desarrollará una colonia agroecológica en donde actualmente conviven más de 40 personas con talleristas, documentalistas y abogados.
“Ahora no pueden salir porque están rodeados. Nuestra idea es ver lo que dice el juez. Si es favorable todo bien. Si no lo es, seguiremos haciendo nuestros planteos legales. No hay elementos vinculados a amenazas, violencia física o verbal. Pero son tantas las amenazas que recibí que no voy a ir a Entre Ríos, lo que me da bronca, porque quiero ejercer la profesión. Soy el abogado de Dolores y no pude asumir en Entre Ríos por esta amenaza”, dijo Grabois.
“Ellos dijeron que había renunciado a la herencia y la herencia es irrenunciable. El convenio de partición privado se hizo bajo extorsión y no tiene homologación judicial. Pero si la tuviera y lo tomáramos como válido (cosa injusta), dice que de ese campo una parte considerable le corresponde a Dolores. Al estar indivisa la situación es mentira que se haya vendido una parte. Todo eso tiene que estar registrado en la IGJ o en el registro de la propiedad, tiene que salir del boletin oficial y no existe nada de eso. La situación jurídica es bastante clara, por lo menos con la lo que ocurre en el campo”, sostuvo Grabois.
Y continuó: “La tranquera está abierta, los peones la conocen. Hasta que empezaron las amenazas, cuando ingresaba algún auto (lo estableció el juez) se pedía que las personas se identifiquen. Pasó el administradores del campo, los trabajadores, no hubo impedimentos. Hay dos trabajadores permanentes que están ahí, cumpliendo sus labores y no tienen ningún problema para hacerlo. Hablé con uno y salta en una pata”.
“El abuelo de ellos fue gobernador, el padre fue presidente de seguridad privada de justicia, tienen mucho poder, son acuerdos transversales que no tienen que ver con la política, son acuerdos de negocios. Tienen a la mitad del poder judicial comprado, es un abuso de poder total de los Etchevehere contra su única hermana mujer”, completó Grabois.
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