A pesar de la pandemia de coronavirus que le hizo implantar desde el 20 de marzo una cuarentena prolongada al Gobierno de Alberto Fernández, la tendencia al aumento en la expulsión de extranjeros por diversos motivos que ya se había incrementado desde el endurecimiento de la ley inmigratoria a principios de 2017 se mantiene. En apenas siete meses de este año atípico casi 3.000 personas de diversas nacionalidades fueron obligadas por las autoridades migratorias a salir del país por diferentes causas: entre las principales figuran el ingreso ilegal, los antecedentes delictivos y la falta de papeles para obtener la residencia definitiva.
De los más de 2000 archivos que fueron hackeados a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) por un grupo de ciberdelincuentes y que se hicieron públicos el jueves 27 de agosto hay uno que lleva el nombre “Disposiciones con expulsión 2014-2020”. Allí, en planillas de Excel, se contabiliza a las 23.534 personas que por infringir varios artículos de las leyes argentinas fueron expulsadas de nuestro territorio. No figuran sus nombres y apellidos pero sí los números de expediente, las disposiciones que se tomaron en cuenta con sus respectivas fechas, meses y años, el sexo y la nacionalidad, la fecha de nacimiento y la delegación en que se tramitaron.
Por la progresión en el número de expulsados se puede concluir que el endurecimiento de la Ley 25.871 en 2017 contribuyó a un aumento considerable. En 2014 se deportó a 1.760 ciudadanos y en 2015, a 1.909. En 2016, ya con Mauricio Macri en el gobierno nacional, la cifra subió abruptamente a 4.565. Al año siguiente fueron 4.336, en 2018 se alcanzó el mayor número (5.110) y en el último año de gestión del líder de la alianza Cambiemos apenas bajó a 4.919. En la planilla que se hizo pública y que fue subida a la plataforma ucraniana DropMeFiles en este ciberataque a Migraciones, la dependencia estatal que dirige la abogada María Florencia Carignano se detalla que desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de julio de este año tan especial debido a la pandemia de Covid-19 los deportados fueron 2.935. Una proyección de esta cifra para este año indica que el aumento en la cantidad de deportados continuará.
A fines de marzo, cuando la Argentina cerró sus fronteras para detener la pandemia de coronavirus, Carignano junto al ministro del Interior, Wado De Pedro, encabezó varios operativos de control y expulsión de los extranjeros que no cumplían con la cuarentena. “En los otros países tienen normas más laxas. En la Argentina, el presidente Alberto Fernández está extremando las medidas y las vamos a hacer cumplir”, manifestó en aquellos días la funcionaria.
El “top ten” de expulsados en los últimos seis años lo lideran los ciudadanos de origen chino con 6.491 (el 27 por ciento del total). Luego les siguen paraguayos (4.233), bolivianos (3.304), peruanos (2.881), colombianos (1.824), dominicanos (904), chilenos (835), uruguayos (701), senegaleses (484) y brasileños (298).
Macri endureció la Ley de Inmigración 25.871 que a fines de 2003 había sancionado el Congreso de la Nación y que mediante otro decreto también había sido cambiada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La modificación que Macri introdujo en el artículo 29 de esa norma en enero de 2017 sentenciaba que no podrían ingresar al país las personas que presentaran documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Entre las razones que entonces esgrimió Macri para dictar el decreto 70 estaba el aumento en la cantidad de extranjeros que ocupaban las cárceles argentinas (un 21,35 por ciento, según cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en aquella época conducido por Germán Garavano) y la tardanza de la Justicia “por la duración de los procesos administrativos y judiciales” que podía “llegar a los siete años de tramitación” para expulsar a alguien del país.
Como motivos de la expulsión de casi 3.000 personas de Argentina en apenas siete meses de 2020 están las infracciones al artículo 62, en los incisos B, C y F de la ley 25.871 de Migraciones (“si el residente hubiese sido condenado en la República Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firma, respecto a delitos de tráficos de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”); al artículo 29, incisos A, C, D y K de la misma norma legal (referidos a los antecedentes penales de esas personas en nuestro país o en el exterior) y otras por infringir al artículo 17 de la ley 19549 de procedimientos administrativos.
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