El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo.
Esta decisión va en línea con la postura del Gobierno nacional de limitar el accionar de los espías, tras la denuncia por presunto espionaje ilegal contra algunos dirigentes políticos y figuras públicas durante la gestión anterior.
“La función del Servicio Penitenciario es alojar y garantizar la seguridad de la población carcelaria y realizar todas las tareas relacionadas con la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad”, dijo a la agencia Télam una fuente de la cartera que dirige Julio Alak.
De acuerdo con lo que se explicó, esta medida fue adoptada en las últimas horas y es similar a la “que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal” tras los últimos acontecimientos mencionados.
“La función de inteligencia es muy importante y la tienen que llevar a cabo las agencias encargadas para no bastardear una función tan relevante. Justamente los servicios penitenciarios no son los encargados de realizar esto”, agregó la fuente oficial consultada.
Recientemente, el propio ministro Alak reconoció ante dos comisiones de la Cámara de Diputados que las cárceles bonaerenses están desbordadas y que el SPB “es una deuda de la democracia”.
Entre otras cosas, el funcionario remarcó que falla el sistema de control de presos que son beneficiados con salidas transitorias y prisiones domiciliares, al tiempo que cuestiono que más de 22.000 mil internos fueran habilitados por la Justicia para utilizar teléfonos celulares.
“El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se convirtió en el único condenado por los organismo internacionales por la situación de crisis humanitaria. La situación que encontramos, y no para echarle la culpa al gobierno anterior sino que es una deuda de la democracia, es catastrófica”, consideró el ministro.
Días atrás, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Además, la flamante interventora interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza de Cámara María Laura Garrigós de Rébori, explicó en una entrevista con Télam que se dedicará especialmente a analizar la actuación del servicio de inteligencia de su organismo, tras hacerse pública la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
Tal como contó Infobae, en el marco de estas supuestas maniobras se habría hecho un seguimiento ilegal de importantes referentes del oficialismo y de la oposición de aquel momento, como Emilio Monzó, Nicolás Massot, Diego Santilli, Luis Barrionuevo y Graciela Camaño.
Los documentos que probarían esta actividad fueron encontrados en el celular de Leandro Araque, uno de los ex miembros de la AFI, quien los presentó también ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia, donde declaró días atrás por este hecho.
A esta investigación ya se sumaron como querellantes la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y se espera que próximamente también lo haga la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Por lo pronto, el juez Federico Villena continúa investigando una supuesta organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local, a través de agentes o miembros de fuerzas de seguridad.
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