Leandro Araque y Jorge Sáez, dos de los agentes de la AFI que están imputados en la causa del espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora, participaron en uno de los procedimientos que se hicieron en la causa Hotesur, en donde terminaron procesados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Así lo advirtió el abogado Carlos Beraldi, querellante en nombre de Cristina Kirchner en la causa que sustancia el juez Federico Villena y en donde la ex jefa de Estado ya se presentó la semana pasada.
El viernes, Beraldi ya había aportado información sobre la presencia de agentes imputados en la Casa Rosada y añadió que hubo más espías visitando la sede del Poder Ejecutivo: puntualmente las oficinas del secretario general de la Presidencia, Fernando D’Andreis.
El juez Federico Villena investiga una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local, a través de agentes o miembros de fuerzas de seguridad. La vicepresidenta está convencida de que se trató de una asociación ilícita comandada por Mauricio Macri y los directivos del área de la entonces AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Por lo pronto, Beraldi aportó información al juzgado de Villena: reveló, según registros públicos, que Araque, Sáez y Facundo Melo, el abogado-espía que fue delatado por el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, habían estado en Casa Rosada visitando a una encargada de Documentación Presidencial de la gestión anterior, Susana Martinengo, cuyo despacho estaba a 50 metros de la oficina de Mauricio Macri. Araque admitió que llevaban información y que Martinengo les decía “esto puede interesar arriba”.
Ahora, Beraldi aportó más informes: esas visitas no fueron las únicas. Según la documentación a la que accedió Infobae, otros espías también estuvieron en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de D’Andreis. Fue el 21 de enero de 2016, apenas comenzada la gestión de Macri, cuando Javier Bustos y Jonatan Nievas, “quienes según constancias de la causa también habrían prestado funciones en áreas de inteligencia”, estuvieron allí, dijo Beraldi. También habría participado de esos encuentros Rodrigo Simón, “un comisionado de la Policía Metropolitana que fue detenido en 2010 acusado de tenencia ilegal de armas y explosivos” en una investigación por narcotráfico.
La querella solicitó ahora que se requieran tanto documentos como filmaciones de las personas que pasaron por la AFI, la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad para corroborar si los sospechosos también transitaron esas oficinas públicas.
Alan Ruiz, el director de Operaciones Especiales que se sospecha que estaba a cargo del grupo de espías ahora investigado, había llegado a la AFI de la mano de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y, según dice en la grabación que se aportó a la causa, se reunía asiduamente con la ex funcionaria.
Lo que llamó la atención de Cristina Kirchner fue que uno de los espías vinculados a la causa de Lomas había participado en los procedimientos por Hotesur. Así lo descubrió Beraldi, al revisar el expediente por los negocios hoteleros de la familia de la ex presidenta, la primera investigación que se sustanció contra Cristina Kirchner cuando aún ocupaba el sillón de Rivadavia. Fue el fallecido juez Claudio Bonadio el que inició esa causa en 2014 por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, a raíz de irregularidades en los trámites de la personería jurídica de la firma familiar dueña del hotel Alto Calafate.
Cuando el juez Bonadio avanzó en la causa y dispuso una serie de allanamientos, determinó que fuera la Policía Metropolitana la que llevara adelante los procedimientos, incluso los ordenados en Santa Cruz en propiedades de la entonces presidenta. La defensa de Romina Mercado cuestionó al juez, y la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de los entonces jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, terminó apartando a Bonadio de la causa porque no habían dado parte a la defensa de Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, de unos peritajes contables.
Sin embargo, en ese fallo, el destituido juez Freiler afirmó: “No puede dejar de mencionarse, además, que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria–, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial. Aquella preocupación vinculada con la posible falta de imparcialidad por parte del juez de grado que exteriorizó oportunamente el Dr. Beraldi, y que consideré suficientemente fundada al momento de expedirme en favor de su apartamiento, se ha visto concretada".
Según la documentación a la que accedió Infobae, Araque había sido parte del procedimiento que se hizo en la AFIP el 14 de julio de 2015. Junto a él iba Jorge Sáez, el hombre que lo llevó a trabajar a la AFI bajo las órdenes de Alan Ruiz durante el gobierno de Cambiemos. En su declaración testimonial se presentó como subinspector de la Policía Metropolitana que se desempeñaba en el área investigaciones de la comuna IV y cumplía funciones en la Brigada para dar cuenta de cómo fue la orden de presentación para el secuestro de documentación.
Desde el entorno de Araque, minimizaron la información. Es que, según remarcaron, eran policías que habían ido a hacer una diligencia judicial en el marco de una causa judicial. Bonadio, además, solía trabajar habitualmente con la Metropolitana.
Mientras tanto, las víctimas siguen presentándose en los tribunales de Lomas de Zamora para conocer las pruebas de su seguimiento y esta semana esperan a los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot y al gremialista Hugo Moyano. Ayer, feriado, fue el periodista Hugo Alconada Mon y en las próximas horas se presentará Pablo Bruera, ex intendente de La Plata. Sus tíos, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, y su hermano, Luis Lugones, dirigente del PJ de La Plata, ya vieron las pruebas por Zoom. Es que como son personas de riesgo le explicaron al juzgado que no podían acercarse. Según lo que pudo saber este medio, allí se enteraron de que la banda seguía todos sus movimientos financieros y querían saber sobre sus vínculos con el papa Francisco.
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