La decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar la intervención y expropiación de Vicentin redefine el marco de alianzas y apoyos del gobierno, también al interior del oficialismo. En la provincia de Santa Fe, donde está ubicada la exportadora de granos, el gobernador oficialista Omar Perotti enfrenta sus propias oposiciones internas.
La voz cantante del desacuerdo la lleva adelante el ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna. En un territorio donde se define gran parte de la cosecha agropecuaria del país, el funcionario de Perotti encabeza una cartera clave. Ayer, Costamagna se presentó ante la Legislatura santafesina y declaró abiertamente su rechazo a la expropiación y a que el Estado nacional se haga cargo de la compañía.
Costamagna dio esa definición en una reunión de la Comisión de Seguimiento Legislativo del concurso preventivo de Vicentin, convocada por los diputados santafesinos para la opinión del gobierno de Perotti. No obstante, el titular de Producción advirtió que se trata de una postura “personal” y que la viene argumentando desde meses antes del anuncio presidencial, cuando apenas la opción de estatización era una quimera y apenas una propuesta de uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano.
“Tenía bronca y dolor. No está de acuerdo con la expropiación”, dijo a Infobae el diputado provincial Carlos del Frade, uno de los miembros del órgano legislativo y donde estuvo presente en la reunión donde el titular de Producción. “Hubo un escenario de tensión ayer y se rumoreaba que iba a presentar su renuncia. El ministro siempre estuvo en contra de la intervención y se encargó de dejarlo expresamente asentado en cuánto lugar hubo para expresarse”, indicó a este medio un importante dirigente político del oficialismo local.
El ministro fue el funcionario designado por Perotti para llevar adelante las gestiones de la crisis de la compañía desde que ingresó en concurso de acreedores, por lo que tuvo un rol relevante a lo largo del proceso. Mantuvo decenas de reuniones para encontrar alternativas, y se manifestó de acuerdo con la intervención, aunque no con la expropiación. Según su opinión, la firma debía permanecer dentro del ámbito privado, con un nuevo de esquema de composición donde estén integradas las cooperativas agropecuarias ACA y AFA.
"Le pedimos una reunión a Matías Kulfas para analizar esta posible asociación, pero el viernes último nos cortaron los teléfonos. El lunes nos enteramos de la decisión de la intervención y de generar un fideicomiso en el que YPF Agro sea el fiduciario”, se quejó el ministro en un reportaje ante el diario El Litoral.
Anoche, los trascendidos apuntaban a que el ministro de Producción había presentado su renuncia, ante el desacuerdo de visiones sobre el caso Vicentin. Sin embargo, fuentes del gobierno de Santa Fe confirmaron a Infobae que no hubo ninguna dimisión en el Gabinete provincial.
En un distrito con fuerte identidad agropecuaria, la opinión de Costamagna pone de manifiesto el desafío político de conducción que deberá afrontar no solo Alberto Fernández, sino también sus aliados, como Omar Perotti, quien expresó su apoyo a la expropiación de la empresa. Pero tanto los mensajes del gobernador como del Presidente no convencieron a un vasto sector de la oposición, de los empresarios y de la ciudadanía. Ayer, cientos de vecinos de Reconquista y Avellaneda -donde nació la empresa-, expresaron su malestar bajo la consigna “cuidemos lo nuestro”.
Mientras crece el debate sobre la expropación, el subinterventor designado por Fernández, Luciano Zarich, se presentó este martes ante el titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, donde informó al magistrado sobre las medidas que había anunciado el Presidente. Los vecinos también expresaron su rechazo a la presencia de Zarich, a quien se le negó el ingreso a las oficinas de Vicentin y debió abandonar el hotel donde se hospedaba acompañado por la Policía.
El intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, dijo no estar de acuerdo “en expropiar la propiedad privada". “El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentin, y es nuestro recurso humano que ha hecho grande a la región, y nosotros tenemos que defenderlo más allá que podamos opinar igual o no en algunas cuestiones”, sostuvo el dirigente santafesino, que se mostró en sintonía con la propuesta de que la firma se asocie a otro capital privado.
“Nos gustaría ayudar a encontrar una solución a toda la problemática. Se trata que la empresa pague sus deudas, pueda trabajar normalmente y que el gobierno nacional acompañe todo este proceso”, completó Scarpín.
El capítulo local continuará este miércoles en la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin, donde presentará a todos los bloques ante la Legislatura su primer informe. El peronista Luis Rubeo encabeza dicho órgano de doce miembros y está integrada además por los legisladores Betina Florito (Somos Vida) y María Laura Corgniali (PS); Fabián Palo Oliver (UCR), Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Ariel Bermúdez (Creo) y Walter Ghione (Somos Vida y Familia).
Más allá del debate de la expropiación, en el pleno de la comisión coincidieron que el gobierno de Santa Fe tenga una mayor participación e injerencia en el debate de la estatización de la cerealera.
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