“Una proclama canalla de un grupo variopinto de libres pensadores". Así calificó la CGT el documento que unos 300 intelectuales, científicos y periodistas difundieron el viernes pasado y en el que aseguraron que “la democracia está en peligro" y que la Argentina vive “una infectadura”.
En un un comunicado de prensa titulado “La democracia goza de muy buena salud”, la central obrera dijo que “la proclama no puede ni debe quedar sin respuesta” porque “el valor socio-político y económico de la democracia, que tantas vidas costó arrebatar a la más sangrienta y asesina dictadura, no puede ponerse en tela de juicio tan irresponsablemente”.
Para la CGT, “es una canallada denominar ‘infectadura’ al gobierno surgido por el voto libre y democrático de más del 50 por ciento de los argentinos hace sólo seis meses". Y agregó: "Los trabajadores y el resto del pueblo de forma abrumadora se pronunciaron a favor de un Estado presente, luego de cuatro años de ausencia y abandono. Ese debate fue saldado en las urnas en pleno ejercicio democrático”.
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En el texto se recordó que los líderes de todos los partidos políticos con responsabilidad de gobierno ofrecieron su apoyo a cada acción del Poder Ejecutivo y actuaron en consecuencia en los distritos. “El cuidado de la salud de los argentinos no es potestad de ningún partido o coalición sino de todos y cada uno de los gobernantes que ejercen esas facultades”, dijo la central obrera que conducen Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).
Luego de hacer hincapié en que la CGT no quiere “evadir ningún debate, ya que todas las opiniones son igualmente válidas”, consideró que “el único límite es el sistema democrático y el respeto absoluto a las autoridades legalmente electas”.
“El individualismo libertario debe expresarse con la responsabilidad cívica que la trascendencia de sus nombres propios impone –finalizó el comunicado cegetista–. La protección de la salud de los argentinos no puede debatirse entre bambalinas ideológicas tendenciosas. Ese es el terreno de los especialistas. Y tampoco arrastrar a la disputa al sistema democrático”.
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El documento que cuestiona la CGT, firmado en primer lugar por la farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pitta Álvarez, investigadora del CONICET, junto con otros 30 científicos de ese organismo, asegura que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el Gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.
“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se sostiene.
Al comienzo, el documento señala que “si bien ningún país estaba preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos” y “como única explicación se exhibieron logros parciales al compararse erróneamente con otros países”.
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Critica que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.
Luego hace hincapié en “en el desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza". Para asegurar que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las pymes fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.
El texto también fue firmado por intelectuales, periodistas y personalidades como Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Fabiana Tuñez, Liliana De Riz, Federico Andahazi, Silvina Martínez, Daniel Sabsay, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá, Emilio Laferriere y Darío Lopérfido, entre otros.
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Luego de ese documento, varios cientos de investigadores, intelectuales, escritores y periodistas firmaron el domingo una carta abierta titulada “Un esfuerzo adicional para salvar vidas”, en respuesta a quienes cuestionaron las medidas de aislamiento social obligatorio.
En ese nuevo texto, académicos como los asesores presidenciales Ricardo Forster y Alejandro Grimson, el biólogo e investigador Alberto Kornblihtt, el matemático Adrián Paenza, el historiador Felipe Pigna, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Federico Schuster, el infectólogo Omar Sued y la filósofa Diana Maffia, entre otros, argumentaron que gracias a la cuarentena la Argentina “obtuvo mejores resultados” en el manejo de la crisis sanitaria que los demás países latinoamericanos con grandes metrópolis.
“Pensamos que hoy, más que nunca, es necesario maximizar la efectividad de la cuarentena en el AMBA y el Gran Resistencia. Si esta cuarentena se respeta y resulta efectiva, los casos activos circulantes serán inferiores a los actuales, el rastreo de contactos será más simple y el riesgo de colapso del sistema de salud, casi nulo. En esas condiciones, será razonable comenzar la flexibilización de las medidas”, dice el documento que también señala que “convivir con el COVID-19 será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes por parte de todos y todas”.
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