La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este miércoles una pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares.
Es el segundo alegato de las querellas. En primer turno, la AFIP ya había pedido ocho años de cárcel, un número muy bajo teniendo en cuenta las penas solicitadas para los otros imputados y los hechos investigados.
Además, la UIF reclamó una condena de 8 años para Martín Báez y 4 años y seis meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña, que fue reivindicado por su aporte a la causa. “Esta querella sostiene que si la información brindada por el imputado colaborador (Fariña) se corroboró y fue útil para la corroboración de la verdad, y dejando fuera cualquier especulación moral o política que trajeron las defensas, se ha corroborado en gran parte lo que él ha dicho y vamos a tener por cumplida la Ley 27.304 (Ley del Arrepentido)”, dijeron los abogados.
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Hubo una diferencial sustancial en ese punto con el alegato de la AFIP, que reclamó una pena de 6 años para Fariña por entender que “su aporte no fue trascendental para el juicio”.
El organismo antilavado también pidió condenar a 7 años y 6 meses de prisión para el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; y 6 años y medio para Fabián Rossi.
El alegato de la UIF arrancó el miércoles pasado. A pesar del cambio reciente de autoridades al frente del organismo, el organismo antilavado sostuvo la acusación. Los abogados destacaron el valor de la pericia que se hizo en la causa de obra pública, donde se analizaron 5 de las 51 obras que recibió Austral Construcciones, aunque no hicieron hincapié en las responsabilidades de ex funcionarios. No es un dato menor. Cristina Kirchner es uno de las acusados en ese juicio.
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Según esa pericia, entregada el año pasado al Tribunal Oral Federal 2, se pagaron US$ 170 millones de sobreprecios en cinco obras.
En la audiencia anterior, los abogados de la UIF dieron por probada la “existencia de irregularidades y sobreprecios en la obra pública mas allá de que funcionarios resultan culpables de estos hechos”. “El dinero era ilícito pero ingresado en blanco en las cuentas de Austral Construcciones”, abundó uno de los letrados.
El juicio continuará el próximo miércoles con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA) y luego será el turno de la Fiscalía. De esa manera, no habrá sentencia antes de mayo.
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Varios abogados que participan del juicio se fueron sorprendidos ese día por el monto de la pena solicitada para Lázaro Báez y la escasa diferencia con otras personas que tenían roles menores en la maniobra y recibieron penas de hasta 5 años.
En el caso de Fariña, los abogados de la AFIP pidieron una pena de 5 años por entender que “su aporte no fue trascendental para el juicio”.
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La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados y que se inicie una causa por falso testimonio contra varios testigos que declararon por la compra de un campo en Mendoza. Por ese caso, Fariña estuvo detenido dos años y 20 días. Recién fue liberado cuando ingresó al Programa de Protección de Testigos al declarar como arrepentido. En septiembre pasado, la Cámara de Casación decidió anular la condena.