El Gobierno está en suspenso. Nadie toma decisiones y todavía quedan decenas de designaciones por concretar. En casi todas las oficinas públicas continúan directores de la gestión anterior para que alguien con firma autorice pagos elementales como sueldos o proveedores que permitan un mínimo funcionamiento. La ansiedad domina a propios y extraños.
Los sindicalistas ya saben que la cláusula gatillo es inflacionaria, una verdad de Perogrullo pero que ahora no dudan en repetir como un mantra. Saben que es el pasa/no pasa para que la nueva administración los considere parte de la solución, no del problema.
Los empresarios, en cambio, aún los que más criticaron en el último año la gestión de Mauricio Macri, están perdidos. Les habían prometido reactivación, pero el estancamiento continúa. Aumento del consumo, y por ahora solo se ve retracción. Promoción de las pymes y puesta en marcha de la obra pública y todavía no hay nada a la vista.
Sin dudas, las cosas tardan más de lo esperado. Por eso apenas se oficializó el comunicado de la primera visita en esta etapa de la misión del FMI a la Argentina, el Gobierno se apuró a convocar a una previa del Consejo Económico y Social, una “reunión técnica”, para recuperar la confianza y que no caiga el optimismo. Finalmente, las cosas están saliendo como se esperaba. Hasta la inflación se mostró domesticada en enero y volvería a bajar en febrero, menos del 2%, siguiendo la planificación oficial.
Reconstruyendo lo que allí se conversó, más diálogos previos de algunos funcionarios con esos protagonistas, es posible comprobar que el Gobierno está convencido de que podrá renegociar la deuda de un modo que le permita impulsar un crecimiento traccionado por el consumo privado, basado en el supuesto de que tendrá como mínimo dos años de gracia sin realizar pagos de sus compromisos externos.
“El crecimiento será 0 (cero) este año, pero buscamos que el salario le ganará a la inflación del 2020, aunque no a la del 2019, lo que generará un clima de confianza por un lado y de ajuste, por el otro, desplegando un nuevo ciclo que empezará a visualizarse a partir de julio de este año, y será evidente desde marzo del año próximo, cuando hay elecciones”, fue lo que un funcionario le aseguró a un líder sindical.
En cuanto a la inflación, no lo dirán jamás en público, pero pronostican una inflación que iría entre 30 y 35%, y podría ser más o menos, dependiendo de la presión que ejerzan los privados en materia de tarifas, transporte público y suba de combustibles, un asunto que está lanzado al debate público como una puesta escénica, una manera de aceptar la posición empresaria y exponerla.
“Néstor hacía lo mismo, y así lo desactivó a Daniel Scioli como vicepresidente cuando pretendió defender a las empresas de servicios públicos. Ahora sucede lo contrario. Lo activa gente de Alberto y después se instala que la vicepresidenta está en contra, pero nos dicen que nos quedemos tranquilos, que está todo armado”, explicó el sindicalista que habló con Infobae.
Este peculiar desempeño en la realización de políticas públicas estaría basado en el diagnóstico de que “Argentina no es Suiza. Macri hizo pronósticos que fallaron como si los demás actores fueran a comportarse como niños de pecho. A nosotros no nos va a pasar lo mismo”.
Este dirigente sindical, por otro lado, está convencido de que “el Frente de Todos gobierna para sus clientes, que son los Brian, las Jennifer y los Jonatan que viven en el conurbano bonaerense, que se mantuvieron fieles a Cristina desde el primer momento. No tienen expectativas con la clase media que saben que jamás los van a votar, así que lo único que hay que tomar en cuenta frente a una decisión es a quién va a beneficiar en el corto plazo, que es el de las elecciones que se hacen cada dos años”.
En este sentido, trascendió que a partir de julio se aplicaría un nuevo impuesto a “los ricos”, que podría ser a los activos en el exterior, conjuntamente con una significativa baja en las tasas de interés a los préstamos para pequeñas y medianas empresas. Existe, además, la posibilidad de que la tarjeta AlimentAR pueda habilitarse para la compra de herramientas o insumos para la pequeña producción familiar, mostrando la vocación oficial de impulsar el trabajo genuino, aunque solo se implementaría cuando el Gobierno decrete que se salió de la emergencia alimentaria.
En la misma línea, existe el plan de respaldar a cooperativas y mutuales a través de una drástica reducción de los préstamos que se otorgan a través de ellas, lo que incentivará a pequeñas empresas pero también a exportadoras, como el caso de ACA o Fecovita. En el Instituto Nacional de Economía Social, INAES, se designó al tío del jefe de Gabinete, Mario Cafiero, un experto en la materia.
Como contrapartida, se pronostica un aumento del dólar oficial y también del blue, y hasta la posibilidad de que el dólar contado con liquidación tenga un impuesto, pero son todos planes para el segundo semestre, a partir de julio, cuando se analice el piso con el que se está trabajando.
Mientras tanto, otro asunto le quedó claro a una fuente empresaria que fue consultada: el relacionamiento con Brasil y Uruguay quedará demorado porque el Gobierno llegó a la conclusión de que es preferible incentivar la sustitución de importaciones, antes que dar inicio al largo proceso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que le interesa especialmente a esos dos socios de la Argentina. Claro que “lo harán con los mejores modos, y buscando ser comprendido, en la medida de lo posible”.
Una decisión que se da por tomada es que, a partir del segundo semestre, las importaciones sufrirán severas dificultades y se creará un nuevo sistema de autorizaciones, con el objetivo de frenarlas o, por lo menos, demorarlas.
Dicen que a Fernández le molesta cuando dicen que no tiene plan. En París, ante la pregunta de un alumno que lo fue a escuchar a Science Po, dijo claramente: “Lo tenemos, pero no vamos a decirlo en público”. Sin embargo, con cada uno que se reúne conversó partes de esa visión, que no puede completar porque los números dependen de cómo se cierre con el FMI y los acreedores privados, qué período de gracia obtienen y qué renegociación obtiene. ¿Ocho años? ¿Diez años? ¿Doce años?
¿Y qué pasa si todo fracasa? ¿Qué puede suceder si la renegociación no se concreta o se demora más de la cuenta, perjudicando la puesta en marcha del plan de reactivación? Llegará el Plan B, el “default posible”. Aunque de eso, a pesar de que es un asunto que está en el aire, nadie quiere dar detalles.
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