Finalmente, Mauricio Macri no firmará por ahora el decreto que establece el traspaso del programa de protección de testigos protegidos a la órbita judicial. Sucede que en las últimas horas integrantes de la mesa judicial del gobierno nacional escucharon algunos reparos planteados por autoridades de diferentes órganos de la Justicia que indicaban que el texto podría ser impugnado por algunas falencias técnicas.
En especial, argumentan que asumir la custodia de imputados y testigos cuyas responsabilidades delictuales tienen que ser juzgadas en el mismo ámbito no sería lo más conveniente. También dicen que el programa exige la intervención de las fuerzas de seguridad y para eso se requieren atribuciones que hoy no poseen. Del mismo modo, hay interrogantes sobre el presupuesto necesario para financiar la iniciativa.
Infobae accedió al texto del decreto que el gobierno pretendía publicar mañana en el Boletín Oficial, algo que finalmente no sucederá. En su artículo 6º, estipula que “la totalidad de los bienes, activos y patrimonio afectados al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” debe transferirse al Consejo de la Magistratura, para uso exclusivo del Programa.
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Por otro lado, en el artículo 4º se faculta al Jefe de Gabinete para que “efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias para atender el cumplimiento del presente (decreto) hasta la aprobación del Presupuesto General”.
Y en el artículo 5º que “los recursos necesarios (finalmente) serán incluidos en el Presupuesto General para la Administración Nacional con imputación al programa presupuestario ‘Justicia de Casación’ del Consejo de la Magistratura, a partir del ejercicio siguiente a la fecha del presente acto”.
El Presidente saliente busca asegurar que el programa continúe vigente bajo una autoridad independiente al poder político de turno. Anoche, cuando surgieron las primeras versiones sobre el decreto, Alberto Fernández aseguró en redes sociales que nunca fue consultado sobre esta iniciativa.
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Entre los fundamentos que esgrime la administración de Cambiemos en el texto que se encuentra bajo revisión del ministro Germán Garavano, explicita que el Programa “por primera vez incorporó a personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública desde el Poder Ejecutivo Nacional” y que -por eso- "podría generar la incongruencia de que el diseño de los planes de seguridad respecto de los testigos e imputados sometidos al cuidado del Programa se encuentre a cargo de aquellos que dependan jerárquica y funcionalmente de personas involucradas en dichas investigaciones judiciales”.
Incluso, reconoce que “recientemente, las propias personas protegidas, manifestando incertidumbre sobre el desarrollo futuro de sus planes de seguridad y su continuidad dentro del Programa, circunstancia sobre la que han dado cuenta los medios masivos de comunicación”, lo que “podría afectar los incentivos para que otras personas colaboren con las investigaciones judiciales”.
Y hasta acepta “que la preocupación ha alcanzado a la sociedad civil, que impulsó una campaña de recolección de adhesiones para reclamarle al Honorable Congreso de la Nación el traspaso del Programa a la órbita del Poder Judicial”. Señala, también, que una prestigiosa organización no gubernamental dedicada a la transparencia y el fortalecimiento institucional (se refiere a Poder Ciudadano) ha formulado un requerimiento en el mismo sentido" al Ministerio de Justicia.
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Finalmente, el texto define al Programa como instrumento del Poder Judicial y, en ese sentido, evalúa a la Cámara Federal de Casación Penal como el ámbito más conveniente para asumir la responsabilidad de la protección de testigos “por su carácter de último tribunal federal penal y única estructura judicial en la materia con competencia territorial en toda la República Argentina”.
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