La pelea entre la mayoría de los gobernadores peronistas y Mauricio Macri por fondos coparticipables anotará nuevas entregas en los próximos días, pero ofrece ya un par de certezas y una razonable especulación política. De un lado, está claro que los jefes provinciales extremarán la vía judicial con una demanda algo imprecisa pero impactante: hablan de “recuperar” entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. Del otro, afirman que el Gobierno no dará marcha atrás con los decretos que eliminaron el IVA para un puñado de alimentos básicos y recortaron el impuesto de Ganancias especialmente sobre salarios. La especulación ineludible es que si Alberto Fernández gana las elecciones, tendría que saldar el tema con sus principales socios políticos en el amanecer de su gestión.
Los gobernadores de quince provincias –una docena, en manos peronistas- motorizaron un reclamo ante la Corte Suprema por la poda de coparticipación que producen esas dos medidas decididas por Macri en medio de los temblores que siguieron a las PASO. Frente a la escalada del dólar y los precios, se sucedieron los decretos 561 y 567, que el Presidente firmó a pesar de alguna resistencia interna y que defendió como medidas de “alivio” social. La norma sobre Ganancias en toda su extensión iría impactando durante meses. La referida al IVA ya comenzó a pegar de lleno y tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre.
La cuestión de los tiempos es especialmente sensible. En medios políticos, sobre todo en el oficialismo y también entre habituales interlocutores de jueces, se esperaba de entrada que la cuestión fuera saldada después de la elección que viene. No fue así. Hace una semana, la Corte Suprema les dio la razón a los gobernadores y dispuso que los referidos decretos no afecten la coparticipación federal. Es decir, las medidas siguen vigentes, pero a cargo de la cuenta nacional.
El Gobierno ya había fracasado en los contactos iniciales desde los ministerios de Interior y de Hacienda con las provincias. En rigor, buscó definir de entrada las cifras en juego, teniendo en cuenta la merma y restando ingresos esperables. Ese cálculo iba de la mano con otra cuenta: el incremento de los giros a las provincias, estimados en 120.000 millones de pesos para este año. Pero en definitiva, el intento apuntaba a encontrar una salida política y no únicamente de caja.
Jugada ya la alternativa judicial, el Gobierno buscó estirar los plazos y sentar a la mesa a los funcionarios provinciales de Hacienda para una pulseada real sobre los pesos en juego. No logró progresar y ahora los gobernadores van por otro paso judicial, para tratar de imponerle a Macri una respuesta efectiva en la “devolución” de fondos. Otra vez, estarían sobre la mesa las cuentas y los tiempos, es decir, la precisión sobre la poda de coparticipación ya producida y la proyección sobre lo que resta.
Por supuesto, la cuestión no es únicamente técnica. Los jefes provinciales apuestan a tener resuelta la mayor parte de su demanda antes de diciembre. Vuelta al principio: aún en ese caso, podría ser generada una carga a futuro y una derivación de debate presupuestario, en el Congreso, sobre todo por Ganancias. Con el IVA, la tensión sería otra.
Se ha dicho: la eliminación del IVA para trece rubros de la canasta alimentaria rige hasta el último día del año. En otras palabras, si Alberto Fernández consagra su proyecto presidencial encontraría este tema en la agenda inmediata. Resulta claro que las conversaciones en su equipo económico y los contactos específicos con las provincias, con gobernadores que siguen o fueron electos, no se demorarían hasta entonces.
La propuesta imaginada por el candidato y expuesta en el punteo de la iniciativa “Argentina contra el Hambre” es diferente en lo que hace al IVA. La idea, que aún debe ser precisada, apunta a una devolución del impuesto sobre productos de la canasta básica de alimentos solo para beneficiarios de planes sociales. No sería sencilla la instrumentación y habría que lograr cierto empalme para evitar una abrupta suba de precio para los rubros incluidos en el decreto de Macri, que no discrimina entre consumidores.
Los gobernadores son claramente la base de sustento político principal que piensa Alberto Fernández en caso de llegar al poder. También, su expresión parlamentaria. Es posible hacer todo tipo de especulaciones sobre las señales de la Corte, más allá del enojo macrista, y también sobre los movimientos de los jefes provinciales. Es parte de lo que se analiza y discute en medios políticos, también judiciales.
Con todo, el dato concreto, desvestido de cualquier otro ingrediente, es que la batalla actual de los jefes provinciales del PJ tendría estribaciones más allá de las elecciones. Un renglón más de la cargada agenda que ya se perfila para la realidad poselectoral.