Luego de la aprobación de la llamada "Ley Micaela", para que todos los funcionarios públicos sean capacitados en materia de género, legisladores nacionales de distintos partidos impulsarán la sanción de protocolos de actuación para garantizar el acceso a la Justicia, "para que cada caso pueda ser atendido respetando el derecho de todas las partes pero con foco puesto en las víctimas que son quienes no eligieron estar en ese lugar".
Concretamente, la iniciativa propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres "para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".
Un número importante de diputados nacionales celebró la sanción de la normativa y a través de un comunicado destacaron que se trató de "un paso hacia la gran transformación que necesitamos para combatir la violencia hacia las mujeres".
Los legisladores enfatizaron que no se trata de "una ley más, sino que genera una herramienta indispensable que es la capacitación de todos los poderes del Estado y, esperamos, de todos los niveles de gobierno en perspectiva de género".
"Esto es fundamental porque se trata de empujar una transformación social que está en marcha y el derecho es una herramienta central para reflejar e impulsar ese cambio cultural profundo que como sociedad estamos viviendo", añadieron.
Asimismo, resaltaron que toda la sociedad argentina y las instituciones están "atravesando un momento bisagra que es resultado del trabajo de siglos del movimiento feminista en todo el mundo".
"Nosotras mujeres y varones, como militantes políticos y como representantes del pueblo, queremos expresar con absoluta contundencia que les creemos a las mujeres, a las víctimas de una violencia que no solo se sufría sino que también se silenciaba", añadieron en el comunicado al que tuvo acceso Infobae.
En este contexto, los firmantes se comprometieron a acompañar a todas las víctimas para afrontar la situación y hacer las denuncias ante la Justicia.
Por eso, y ante la falta de canales institucionales para contener y acompañar a quienes denuncian, los diputados se comprometieron a "impulsar la sanción de protocolos de actuación para garantizar el acceso a la Justicia, para que cada caso pueda ser atendido respetando el derecho de todas las partes pero con foco puesto en las víctimas que son quienes no eligieron estar en ese lugar".
"Solo la Justicia repara y nuestro compromiso es con el respeto a los derechos humanos, el acceso a la Justicia y la búsqueda de la verdad", concluyeron.
El comunicado lleva la firma de los siguientes diputados: Brenda Austin, Juan José Bahillo, Eduardo Bali Bucca, Karina Banfi, Luis Basterra, Miguel Bazze, Diego Bossio, Sofia Brambilla, Maria Gabriela Burgos, Graciela Camaño, José Cano, Albor Angel Cantard, Guillermo Carmona, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Cresto Mayda, José Ignacio De Mendiguren, Lucila De Ponti, Gonzalo Del Cerro, Melina Delu, Veronica Derna, Victoria Donda Pérez, Alejandro Echegaray, Fernando Espinoza, Carlos Fernandez, Araceli Ferreyra, Daniel Filmus, Jorge Franco, Alejandro Grandinetti, Leonardo Grosso, Silvia Horne, Santiago Igon, Pablo Kosiner, Daniel Lipovetzky, Ana Maria Llanos, Juan Manuel Lépez, Silvia Lospennato, Mónica Macha, Oscar Macias, Alejandra Martínez, Lucila Masin, Vanesa Massetani, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Mayra Mendoza, Verónica Mercado, Pedro Rubén Miranda, María Carolina Moises, Marcelo Monfort, Cecilia Moreau, Juan Mosqueda, Rosa Muñoz, Claudia Najul, Adriana Nazario, Mario Negri, Graciela Ocaña, Marcela Passo, Mirta Pastoriza, Raul Pérez, Horacio Pietragalla, Carla Pitiot, Carmen Polledo, Fabio Quetglas, Analia Rach Quiroga, Ariel Rauschenberger, Roxana Reyes, Olga Rista, Alejandra Rodenas, Laura Russo, Carlos Selva, Mirta Alicia
Soraire, Mirta Tundis, Teresita Villavicencio, Marcelo Wechsler, Sergio Wisky y Pablo Yedlin.
A la lista se sumó también la concejal del Partido de Tigre, Malena Galmarini.
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