12 de junio de 2013. La jueza federal María Romilda Servini declaraba la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, impulsada por la entonces presidente Cristina Kirchner para que los miembros del órgano fueran elegidos por voto popular.
Esa noche el programa ultraoficialista 678 tuvo como invitado a Abel Córdoba, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Procuraduría de Violencia Inconstitucional (Procuvin) y ahora será fiscal del juicio oral y público contra Lázaro Báez en la causa conocida como "Ruta del dinero K".
"Justicia corporativa: cuando los jueces quieren gobernar", fue la línea que impuso el ciclo en esa edición, escenario de fuertes críticas contra la resolución de Servini. "Es un fallo que puede ser calificado de ridículo, es el intento de instaurar no solo un gobierno de los jueces sino un protectorado judicial sobre un pueblo", opinaba Córdoba.
Mientras especulaba sobre cómo fallaría la Corte Suprema, el militante kirchnerista señalaba que el máximo tribunal "no ha sido ajeno a lo que fueron las movidas corporativas del Poder Judicial (…) y estuvo articulando diferentes estrategias".
"La Corte Suprema tampoco asegura ser el máximo tribunal que asegure un fallo ajustado a derecho y convincente por los precedentes de las conductas en términos políticos que han tenido este tiempo", consideraba el integrante de Justicia Legítima.
Córdoba está de turno con el Tribunal Oral Federal 4 que salió sorteado esta semana para realizar el juicio por la ruta del dinero K.
A lo largo de su trayectoria, fue fiscal en varios juicios por delitos de lesa humanidad en los que fueron condenados represores.
Junto a otros fiscales, Córdoba fue galardonado en mayo de 2016 por la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, con el premio Rodolfo Walsh que le fue entregado en una "emotiva ceremonia" por la ultrakirchnerista Florencia Saintout en el "aula anfiteatrada" del edificio Néstor Carlos Kirchner.
Córdoba tendrá que acusar a Báez -preso desde 2016-, sus familiares y otros imputados en una maniobra millonaria de lavado de dinero obtenido a partir de los negocios con el Estado que – súbitamente- comenzó a hacer el empresario santacruceño en 2003 cuando su amigo Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada.