El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, precisó hoy que los dirigentes detenidos del gremio de la UOCRA de Bahía Blanca quedaron imputados por delitos de extorsión y asociación ilícita, con penas que llegan hasta los 20 años de prisión.
"El procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal Gustavo Zorzano en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires. La envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de manifiesto por la envergadura del procedimiento", aseguró el procurador.
Esta madrugada, diez integrantes de la conducción del gremio de la construcción en Bahía Blanca fueron detenidos en un megaoperativo realizado por la Policía Bonaerense por orden del fiscal Zorzano y el fiscal general bahiense Juan Pablo Fernández. La instrucción incluyó 19 allanamientos simultáneos, confiscación de bienes y material relevante para la investigación, y la captura de Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato, entre otros gremiales. Por ahora, siguen prófugas cuatro personas.
Consultado sobre las características de la investigación, Conte Grand advirtió que el "modus operandi es el mismo" que el de Juan Pablo "Pata" Medina, el sindicalista de la UOCRA de La Plata que también quedó encarcelado meses atrás. "Son procesos extorsivos para generar fuentes de financiamiento para distintas actividades comerciales, y después trasladar todos los efectos (materiales) que consiguen a un circuito legal", dijo en declaraciones a radio La Red y Delta.
"El patrón de conducta es igual, pero no tenemos ningún elemento que nos permita una unidad de comando a nivel provincial para cometer operaciones ilícitas. Lo que sí hay es una coincidencia absoluta en el ilícito", aclaró el funcionario judicial.
Acerca del origen de la investigación, Conte Grand advirtió que este tipo de maniobras extorsivas "eran vox populi en Bahía Blanca", pero que se formalizó su comienzo a partir de las declaraciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal el 20 de septiembre pasado, cuando acusó a la seccional de ser "una mafia" que frenaba las obras de refacción de cuatro rutas en el sur provincial. Las presiones involucraban que los empresarios contrataran a proveedores de comida, transporte y equipamiento vinculados al sindicato.
"La gobernadora recibió denuncias de empresarios locales sobre estos procesos extorsivos. El fiscal general Fernández puso en marcha la investigación formal y empezó a citarlos", añadió.