El Gobierno le informó oficialmente al representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, que no promoverá la conformación de un grupo de expertos independientes para investigar la desaparición de Santiago Maldonado. Lo hizo a través del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que le explicó al funcionario internacional que no lo consideraba necesario porque "la Justicia está trabajando bien y la investigación está avanzando".
En la reunión que comenzó a las 10:30 también estuvieron presentes el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Desde el mismo despacho del primer piso, Garavano se comunicó con la familia Maldonado para comunicarle la decisión que se había tomado.
Un vocero oficial explicó a Infobae que se pensó en convocar a una comisión monitoreada por Naciones Unidas, independiente de la Justicia argentina, cuando no había información fehaciente en las causas, los dos expedientes estaban demasiado quietos y la carátula de uno de ellos era por "desaparición forzosa". Por el contrario, "ahora estamos viendo que la causa está avanzando, que el juez está trabajando, las pruebas están llegando y todo parece encaminarse a demostrar que no hubo desaparición forzada".
"Todo funciona, la Justicia investiga, los organismos de derechos humanos están actuando, las pericias avanzan", fue la conclusión a la que llegaron Peña, Garavano y Avruj, y convocaron a Incalcaterra para anunciarle la decisión que tomó el Gobierno. En el encuentro donde el jefe de Gabinete tuvo la voz cantante, sirvió para que el representante regional de la ACNUDH con oficina en Chile trabara un contacto personal con la mano derecha del presidente Mauricio Macri, y volvieran a hablarse en caso de que alguno lo considere necesario.
El martes pasado, la ACNUDH había expresado su preocupación por "la falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo" y pidió a las autoridades "realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas".
En Casa Rosada consideran que la lentitud de las investigaciones es propia de las "lamentables" demoras que tiene la Justicia argentina en investigar. "Si esto es así en Buenos Aires, mucho más si se trata de un hecho ocurrido en el interior del país", aseguraron. Confían en que, con los testimonios de los mapuches y de los gendarmes, más las pericias científicas que empiezan a llegar al expediente, la investigación tome un nuevo ritmo.