Río Turbio: la Justicia otorgó la eximición de prisión a uno de los acusados en la causa que involucra a Julio De Vido

El juez federal Luis Rodríguez rechazó hoy detener a uno de los ex funcionarios acusados por el fiscal Carlos Stornelli en el caso de la mina de carbón de Río Turbio junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otra veintena de imputados.

Se trata de a Fernando Lisse, ex funcionario de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), a quien el magistrado le concedió la exención de prisión, lo que le permitirá transitar en libertad la causa penal. Esto fue concedido bajo caución juratoria (de palabra), por lo que Lisse no deberá poner ningún bien ni depositar dinero para estar en libertad.

"Solamente podrá ser restringida la libertad ambulatoria del imputado, cuando se establezca de manera fehaciente que intentará fugarse o entorpecer la acción de la justicia", explicó Rodríguez en su resolución a la que accedió Infobae y en la que agregó que esos peligros no se dan en el caso de Lisse.

Si bien la resolución es solo para Lisse, la postura del juez podría ser un guiño para el resto de los acusados, entre ellos De Vido, quien no solicitó la exención de prisión. "Este es el criterio que esta judicatura ha mantenido en todas las causas tramitadas ante este Tribunal, independientemente de los sucesos fácticos investigados en cada expediente", explicó Rodríguez.

El fiscal Stornelli pidió este martes la indagatoria y detención de 23 personas, entre ellas De Vido, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex coordinador general del Ministerio Jaime Alvarez, todos ex funcionarios del Ministerio de Planificación. También de ex funcionarios de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Fundación Regional Santa Cruz de la universidad.

Todos fueron acusados de haber defraudado al estado en por lo menos 264.935.123 de pesos que no se aplicaron en la puesta en marcha de la mina de carbón de Rio Turbio.

El fiscal pidió la detención de los 23 imputados por la gravedad de la acusación y del perjuicio al estado. Para el caso de De Vido solicitó su previo desafuero ya que tiene inmunidad de arresto por ser diputado nacional.

Ante el planeto, las defensas de Lisse y de otros dos ex funcionarios de YCRT, Miguel Larregina y Marta Perez, pidieron ayer la exención de prisión.

Adrián Albor, abogado de Lisse, sostuvo que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y que el delito por el que se pidió su detención – defraudación a la administración pública– es de ejecución penal.

Stornelli dictaminó por rechazar el pedido de la defensa de Lisse pero el juez Rodríguez lo compartió.

"La única justificación constitucionalmente válida para mantener privada de su libertad a una persona durante el proceso, cuando aún goza de la presunción de inocencia, es la existencia de peligro procesal; es decir, la existencia de elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse o que estando en libertad entorpecerá el desarrollo de la investigación", explicó el magistrado.

Sobre Lisse, el juez dijo que esos riesgos no se dan. "El nombrado se encuentra a derecho, ha denunciado su domicilio real y constituido domicilio procesal y ha designado abogados defensores. Por otra parte, a lo largo de la instrucción no ha efectuado ninguna maniobra susceptible de ser calificada como obstruccionista ni ha intentado eludirse de modo alguno", explicó.

La situación de De Vido es similar a la de Lisse. El ex ministro de Planificación tiene domicilio constituido y sus abogados, Adrián Maloney y Julio Virgolini, están presentados en la causa desde su inicio el año pasado.

Pero Rodríguez fue más allá de la situación del ex funcionario de YCRT. Dijo que no hay peligro sobre la causa ya que toda la documentación secuestrada en los allanamientos en la UTN, en la Fundación Regional de Santa Cruz y en YCRT están a resguardo. "Resulta imperativo destacar que el Tribunal ya ha adoptado las medidas necesarias respecto del aseguramiento de los elementos probatorios", dijo.

"La actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que difícil es sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento", sostuvo el magistrado.

Investigación por la filtración

El juez Rodríguez también hizo lugar a un pedido del abogado Albor para que se abra una causa penal en la que se investigue el delito de revelado de secretos.

El abogado sostuvo que el mismo día que Stornelli pidió las detenciones, la noticia se conoció en los medios. "Queda claro, de esta forma, que la petición fiscal solo obedece a motivos de índole electoral y mediáticos, por lo que me reservo el derecho en el futuro de promover los procedimientos de disciplina y destitución", planteó Albor.

El magistrado dispuso que se investigue el caso en una causa penal que mañana irá a sorteo para conocer el juez federal que intervendrá. "Asiste razón al incidentista en cuanto a que el dictamen del Dr. Stornelli fue recibido en esta judicatura el día 04 de julio del corriente a las 07:45 horas, momento desde el cual se encuentra a estudio del
Tribunal sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado", explicó Rodríguez.