Pasaron 11 años y 142 días hasta que llegó el día. El jueves pasado comenzó a funcionar el juzgado de Ejecución Penal 5 que fue creado el 17 de enero de 2006 por una ley de Congreso. Se trata de un tribunal clave para un tema de alto impacto social vinculado a la inseguridad: se encarga del control de las personas detenidas y con libertades concedidas.
La puesta en marcha del juzgado es el vaso medio lleno. El medio vacío es que otro juzgado de Ejecución Penal –el 4 y creado en la misma ley– todavía no fue puesto en marcha porque no tiene un lugar físico donde funcionar.
La vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Adriana Donato, y el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, entre otros, inauguraron el jueves pasado el Juzgado de Ejecución Penal 5, a cargo de la jueza Jimena Monsalve.
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La justicia de Ejecución Penal se encarga del control y la ejecución de la pena de los presos desde que son condenados. Los jueces de ese fuero son los que resuelven los pedidos de libertades condicionales o de salidas transitorias.
Uno de sus integrantes –el magistrado Axel López – pasó en 2015 por un juicio político por mal desempeño por otorgarle la libertad condicional a un hombre condenado a 24 años de prisión por violación y que en libertad abusó y mató en Chaco de Tatiana Kolodziey, de 33 años. La acusación fue rechazada.
Las últimas estadísticas de esos juzgados alarman: cada uno de los tres jueces tiene entre 900 y mil presos a su disposición, tres mil probation para resolver, 300 personas liberadas para controlar y 1.500 condenas en suspenso. Y los detenidos están repartidos en las 35 cárceles federales que hay en todo el país.
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Hasta el 2006 había tres juzgados de Ejecución Penal. El 17 de enero de ese año se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.070 que dos meses antes había aprobado el Congreso y por la cual se crearon dos nuevos juzgados de Ejecución Penal.
Pero pasaron 11 años hasta que solo uno comenzó a funcionar. El problema siempre fue la falta de un lugar para su puesta en marcha.
El Consejo de la Magistratura de la Nación –el órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial – acordó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que el organismo le cedía parte del edificio de la calle Alsina 1418. Allí funcionan los tres juzgados de Ejecución Penal pero también dependencias de la Administración de Parques Nacionales cuyas autoridades prometieron abandonar el lugar para que se instalen los restantes tribunales.
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Ese acuerdo recién se hizo en octubre de 2015. Parques Nacionales debía entregar los pisos 4, 5 y 6 del edificio pero lo hará una vez que consiga nuevas instalaciones para mudar sus oficinas.
El lugar que ya se desalojó alcanzó para instalar el juzgado de Monsalve en la planta baja del edificio pero todavía no hay espacio para el restante, a cargo de Vilma Bisceglia.
El lugar todavía no tiene un aspecto central para el trabajo con detenidos: una alcaldía donde los detenidos queden alojados cuando son llevados desde las unidades penitenciarias hasta que son atendidos. Hoy, los detenidos esperan en la calle dentro del camión de traslado, sin comida, ni sanitarios.
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Las juezas Monsalve y Bisceglia fueron designadas en sus cargos en noviembre de 2014 después de ganar el concurso público. Formalmente juraron como magistradas en octubre de 2015.
Los cinco jueces del fuero –López, Monsalve, Bisceglia, José Carlos Pérez Arias y Marcelo Peluzzi– tuvieron en agosto del año pasado una reunión en el Consejo donde expusieron la situación que atravesaban y pidieron una urgente resolución del problema edilicio para la puesta en marcha de los nuevos juzgados.
Tan complejo era el problema que Visceglia ofreció un PH que tiene para instalar allí su juzgado. El planteo fue rechazado pero su juzgado todavía no existe.
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