Tardaron casi diez días en digitalizar el expediente, que tuvo que ser resguardado en una sala ignífuga, custodiada por gendarmes armados, de la Auditoría General de la Nación (AGN). Había sido enviado desde la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que en una maniobra infundada remitió el original y no una copia certificada de la causa para estudio de los auditores, tal como lo había pedido el Congreso.
Tras dos semanas de parálisis por esa inédita medida judicial, y después de la polémica por el acuerdo -luego frenado- en torno al millonario litigio entre el Estado y el grupo Macri por la rescisión del contrato del Correo Argentino, la AGN le devolverá hoy el expediente original a la Cámara Comercial, a cargo del concurso desde hace siete años, según confirmaron a Infobae fuentes del organismo. Será trasladado por Gendarmería, que durante estos días veló por la integridad de los papeles, a través de un importante operativo de seguridad.
De esta manera, el concurso, que le provocó un fuerte dolor de cabeza a Mauricio Macri por supuestos conflictos de intereses, podría volver a revitalizarse. En tanto, el cuerpo de auditores de la AGN, con mayoría peronista, deberá abocarse al estudio del caso, una exigencia impuesta por el Congreso. Además, la Auditoría tiene desde el pasado viernes 5 el informe de 15 páginas realizado por la Procuración del Tesoro en relación a la actuación de los funcionarios del Poder Ejecutivo en torno al convenio entre el Estado y la familia Macri.
Desde la AGN aseguraron que el informe y sus conclusiones cuestionan en parte el trabajo de los funcionarios del Gobierno antes de arribar al acuerdo con el Correo Argentino S.A., cuyo proceso judicial empezó en el 2001 cuando la empresa dejó de pagar el canon por la concesión que había sido otorgada por el gobierno de Carlos Menem y revocada dos años después, en el 2003, por Néstor Kirchner. Una de esas conclusiones apuntaría a que no se tomó en cuenta el resarcimiento pedido por la empresa al Estado por la rescisión de la concesión, que avanzó en paralelo al concurso.
El revés judicial y mediático para el gobierno de Macri empezó con el dictamen de Gabriela Boquin, la fiscal de la Cámara Comercial, en el que solicitó rechazar la propuesta de pago de la empresa -controlada por Sideco, del grupo SOCMA- por "abusiva", en perjuicio "del patrimonio del Estado Nacional".
El arreglo implicaba que el Correo abonase el 100 por ciento del capital más un 7 por ciento de interés en 18 cuotas anuales: unos 600 millones de pesos que se terminarían de abonar en 2033. Para la fiscal se trataba de una quita del 98,2 por ciento de la deuda y una condonación de más de 4.000 millones de pesos.
El viernes 5, el mismo día que la Procuración le envió a la AGN la auditoría del caso, Marta Cirulli, la jueza a cargo del concurso, cruzó a Boquin en el expediente: según publicó el diario La Nación, responsabilizó a la fiscal, a la cámara, a la empresa y a los gobiernos de los Kirchner y de Macri por el letargo en el que se sumió la causa.
En tanto, y en medio del envío del expediente original de la Justicia a la AGN, el funcionario que redactó la auditoría de la Procuración fue reubicado dentro del organismo: Guillermo García, ahora ex director nacional de Auditoría, aceptó el paso a otra área después de presentar su renuncia tras la salida del ex procurador Carlos Balbín.