Acompañado por la Gendarmería, el dueño de OCA pudo volver a ingresar a su empresa

Acompañado por más de 100 gendarmes, Patricio Farcuh, dueño de la empresa postal OCA, ingresó en la mañana del sábado en la sede central de la empresa, en el barrio de Once, de donde había sido expulsado en noviembre por un grupo activistas sindicales. Desde entonces, el empresario no había podido ingresar a las oficinas de su compañía.

El edificio ubicado en las calles La Rioja y Moreno se encontraba fuertemente custodiado, luego de que la Gendarmería ejecutara una orden del juez Marcelo Martinez De Giorgi, quien había dispuesto que se asignaran "tres agentes o los que la situación exigiera", de modo de garantizar "el ingreso, permanencia y circulación por el edificio de la empresa, durante el tiempo que ello demande".

Desde la mañana y hasta entrada la tarde, toda la manzana de La Rioja al 300 estuvo rodeada de gendarmes, y el tránsito fue interrumpido totalmente en las calles lindantes.

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el operativo respondía a la amenaza cierta de que activistas del gremio de Camioneros intentaran volver a tomar la sede de la empresa por la fuerza. A pesar de los temores, no se registraron incidentes.

Los activistas liderados por el secretario general Fabián Salvatierra se mantuvieron en las inmediaciones del edificio, aunque eludieron confrontar con la Gendarmería. En diálogo con los pocos medios que había en el lugar, Salvatierra argumentó que durante la ocupación por la fuerza del edificio, el gremio de Camioneros se encontraba "auditando" la deuda que Farcuh mantiene con los trabajadores y con el Fisco, y lo acusaron de "vaciamiento".

OCA SRL, propiedad de Farcuh, es la mayor empresa privada de correos de la Argentina, con unos 7.500 empleados directos y otros 5.000 contratados. La compañía de correos cuenta con 150 sucursales y una flota de 1.000 vehículos. Pertenece al Grupo RHUO, un conglomerado que agrupa a firmas de capitales nacionales con actuación en soluciones de recursos humanos y otros servicios.

A fines del año pasado, en medio de una situación financiera complicada por una deuda con el fisco de varios miles de millones de pesos, activistas de Camioneros se apoderaron de la sede central, impidiéndole a su propietario ingresar desde entonces.