Ana María Figueroa es una de las caras visibles de Justicia Legítima en la Cámara de Casación. No es la única. Durante los últimos años trazó una relación directa con el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, quien llegó a prometerle una vacante en la Corte Suprema. Nada de eso ocurrió. Y su rol casi militante la expuso frente a otros jueces.
Pese a liderar la mayoría de las maniobras para intentar frenar el avance de la denuncia de Alberto Nisman, Figueroa finalmente dio la sorpresa y votó a favor de abrir a prueba el expediente para determinar si hubo delito en las conductas descriptas por el fiscal. En su voto, se dio el gusto de cuestionar a los medios de comunicación.
"La investigación de la denuncia formulada por el Fiscal Nisman debe emprenderse a fin de cumplir con uno de los objetos de la instrucción 'Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad' (art. 193, párrafo 1°) del CPPN)", concluyó la camarista que preside la Sala I en su extenso voto.
Figueroa cuestionó la influencia de los medios sobre el desarrollo de las causas judiciales. "Aunque parezca una obviedad afirmarlo en la sociedad mediática en la que vivimos, debe recordarse que las 'diligencias conducentes' para conocer los hechos del pasado, que podrían configurar eventualmente una conducta delictiva, jamás pueden ser los dimes y diretes publicados por la prensa o por los medios de comunicación masivos, cuya información y reproducción no tienen la rigurosidad, responsabilidad ni formalidad que impone todo proceso penal", dijo.
Aunque no lo menciona, su dardos estarían apuntados al audio de la conversación entre el ex canciller Héctor Timerman y el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger que se dio a conocer en los medios antes de llegar a la Justicia. "Ni por las opiniones de la prensa o por pruebas no incorporadas al expediente puede establecerse la existencia de un hecho criminal o su conclusión inversa: para arribar a la verdad debe producirse prueba legal y válidamente incorporada al expediente", lanzó.
Pese a votar a favor de investigar la denuncia presentada por Nisman el 14 de enero, Figueroa destacó que la declaración de inconstitucional del memorándum con Irán "no constituye un instrumento hábil para la comisión de un delito". Y puso como ejemplo las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. "La interpretación nos llevaría al absurdo jurídico de sostener que las leyes 23.492 y 23.521, promulgadas por el entonces Presidente de la Nación Raúl Alfonsín, al ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación convierten al citado Presidente, como así también a todos los Senadores y Diputados de la República que votaron favorablemente, en encubridores del delito de lesa humanidad", destaca en su voto.
Figueroa, que también votó a favor de admitir como querellante a la DAIA, destacó como "prematuro" el fallo de la Cámara Federal. Lo justificó de esta manera: "La resolución puesta aquí en crisis deviene en arbitraria, y le es aplicable la doctrina según la cual corresponde descalificar como acto jurisdiccional válido, a aquellas sentencias que omiten pronunciarse sobre cuestiones conducentes oportunamente propuestas, o lo hacen mediante breves afirmaciones sin referencia a los temas legales suscitados y concretamente sometidos a su jurisdicción".