En un largo fallo de 794 hojas, el juez Julián Ercolini consideró que Cristina Kirchner no solo sucedió a Néstor Kirchner, en la Presidencia de la Nación, sino también en el armado de una asociación ilícita que desde el Estado benefició con obra pública vial al empresario patagónico Lázaro Báez.
En esa asociación ilícita, la ex jefa de Estado tuvo "un rol preponderante" y junto a otros ex funcionarios, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, llevaron a cabo un "acuerdo de voluntades; en este caso, tendiente a apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial en una provincia, Santa Cruz".
En cuanto a la manera en que la ex jefa de Estado formó parte de esa maniobra, el magistrado sostuvo que "habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en su función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".
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Así describió Ercolini la responsabilidad de Cristina Kirchner, a quien procesó por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y le dictó un embargo de 10 mil millones de pesos.
"Me encuentro en condiciones de afirmar que estamos frente a un acontecimiento de gravedad institucional sin precedentes dados los pormenores que componen la maniobra que se le achaca, toda vez que durante los años en los que perduró su mandato, permitió mediante su inacción que las diversas irregularidades que lograron ser desentrañadas y que compusieron una trama criminal de una complejidad inusitada, acaecieran", agregó el magistrado en el escrito.
Y señaló: "Se puede concluir suficientemente que Fernández ejerció un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo".
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Sin embargo, para Ercolini Cristina Kirchner no fue la jefa de esa asociación ilícita. La puso a par de De Vido, López, Báez, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -primo de Nésor Kirchner- como coautores del delito de asociación ilícita.
El juez sostuvo que en una asociación ilícita el delito se comete "necesariamente a través de la interacción" de sus miembros pero "cada uno toma parte en (realiza un aporte a) la actividad de la agrupación en forma individual y, en cierta medida, independiente".
Para el juez, la asociación ilícita comenzó en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional y la creación en simultáneo por parte de Báez de "Austral Construcción", la empresa madre de su grupo. Sobre esa base, designó funcionarios en puestos claves de la obra pública nacional y de Sanra Cruz para que Báez reciba obra pública vial. Cristina Kirchner continuó con ese esquema cuando asumió en 2007 la Presidencia.
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Ercolini consideró que la ex presidente utilizó cinco medios para asignarle de manera directa obra pública a Báez: leyes de presupuestos nacionales, decretos de Necesidad y Urgencia, decisiones Administrativas de los Jefes de Gabinete, la implementación del manejo discrecional de los fondos del fideicomiso constituido por el decreto 976/01, y las reasignaciones de partidas presupuestarias para el Ministro de Planificación Federal y la Dirección de Vialdiad Nacional.
"Puede decirse que en cada uno de aquellos procederes, se advierte una intervención por parte de la ex presidente, que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido", indicó el magistrado al respecto.
Ercolini puso como ejemplo que más de la mitad del presupuesto que en los 2009 y 2014 recibió el Ministerio de Planificación para organismos descentralizados fue a las arcas de Vialidad Nacional.
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Otro elemento que valoró el juez fue la "estrecha y permanente vinculación comercial" entre la familia Kirchner y Báez. Citó las causas judiciales "Hotesur" -también a cargo de Ercolini- y "Los Sauces", en las que se investiga los alquileres de Báez a hoteles y propiedades de los Kirchner. También las compras de propiedades que les hizo el empresario.
El procesamiento de la ex presidente fue dictado sin prisión preventiva, por lo que continuará el curso de la causa en libertad.
El magistrado explicó que si bien los delitos por los que fue procesada tiene una escala penal alta -hasta 10 años la asociación ilícita-, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa por parte de la ex presidente.
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En la misma línea, Ercolini sostuvo que la ex presidente no tiene condenas previas, ni declaraciones en rebeldía, se conoce su lugar de residencia, siempre estuvo a derecho en la causa y se presentó cuando fue citada, "lo que vislumbra una actitud positiva frente al desarrollo del proceso".