Silvina Martínez, la abogada que está al frente de la denuncia iniciada por Margarita Stolbizer contra la empresa Los Sauces, defendió la decisión del juez Claudio Bonadio de intervenir esa y otras empresas de la familia Kirchner ya que el magistrado "tiene muchísima documentación que le falta".
Hace algunas horas, Bonadio resolvió que un interventor se haga cargo de las empresas del Grupo Indalo, del grupo Báez y de las empresas de Sanfelici, y otro para que administre la sucesión de Néstor Kirchner y las empresas de la familia Kirchner.
Martínez justificó la decisión de Bonadio debido a que "parte de la documentación respaldatoria de los distintos movimientos bancarios entre las empresas de Báez y López y las empresas de los Kirchner no se encuentra en los bancos" en los que ordenó operativos el juez.
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En declaraciones al canal TN, la abogada de Stolbizer explicó que la decisión del magistrado es "para terminar de cerrar este circuito" de operaciones cruzadas, y así poder avanzar con la causa.
La abogada de Stolbizer argumentó a favor de esta decisión ya que "a la par que se estaban haciendo las intervenciones judiciales, la familia Kirchner iba cambiando la realidad de cada una de sus empresas y de su patrimonio", algo que, según ella, tiene el objetivo de "desvirtuar la tarea del juez".
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"El ejemplo más claro fue sacar dinero de las cuentas bancarias y terminar todo ese dinero, aparentemente, en cajas de seguridad de Florencia Kirchner. Eso fue para evitar un embargo, que luego sucedió".
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Martínez aclaró el alcance de la medida de Bonadio, y dijo que, por un lado, el juez designó "veedores informantes en las empresas del Grupo Índalo, del grupo Báez y las empresas de Sanfelici involucradas en la causa, que son Idea y Negocios Patagónicos". En esos casos, destacó, "los interventores van a ir, mirar, pero no van a poder tomar decisiones".
Pero la letrada agregó que tanto en el caso de "la sucesión de Néstor Kirchner, como en las empresas de la familia Kirchner, sí es interventor con desplazamiento de la administración, o sea que el interventor va a poder tomar decisiones bajo la visión del juez, y pidiendo autorización a la Justicia".
Por último, Martínez también aclaró que "obviamente el interventor no va a poder tomar decisiones que ponga en riesgo el patrimonio". "Los Sauces es una empresa chiquita, que no tiene mucha actividad que no sea cobrar los alquileres de los inmuebles con contratos que ya están vigentes. Lo único que hay que hacer es cobrar los alquileres vigentes y cobrar las cuentas", concluyó.
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