El fiscal federal Diego Luciani denunció que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del kirchnerismo, Romina Picolotti, incumplió la autorización para trabajar en los Estados Unidos porque viajó a distintos países sin informarlo a la Justicia cuando estaba obligada a hacerlo. Ante esa violación, pidió que se revoque el permiso y que la ex funcionaria regrese de inmediato a la Argentina para que se realice el juicio oral por corrupción que tiene en su contra.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Luciani recibió un informe del Consulado argentino en Miami –donde vive Picolotti– y constató en su pasaporte viajes a distintos países que no fueron informados por su defensa o que se realizaron en fechas distintas a las previstas.
Para el fiscal, Picolotti violó una de las reglas que el Tribunal Oral Federal 6 le impuso cuando la autorizó a vivir en los Estados Unidos por un contrato de trabajo, que era la de informar si salía de ese país. Los jueces José Martínez Sobrino, María Roqueta y Julio Panelo le habían advertido a la ex funcionaria K que debía cumplir ciertas obligaciones bajo apercibimiento de ordenar su captura y declararla en rebeldía.
Picolotti fue secretaria de Estado de 2006 a 2008 y está acusada de haber utilizado fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados, por lo que fue enviada a juicio oral y público, el cual todavía no tiene fecha de inicio.
La ex funcionaria está autorizada desde el año pasado a vivir en Miami para trabajar en el Institute for Governance and Sustainable Development. Fijó su domicilio en una casa valuada en casi medio millón de dólares en la exclusiva zona de Palm Beach.
La autorización fue extendida hasta junio del año que viene porque le ofrecieron continuar el contrato laboral hasta enero de 2018. El fiscal se opuso en las dos oportunidades a que Picolotti viva en Estados Unidos porque demoraba la realización del juicio y significa un riesgo ya que no había un control sobre la imputada. Los jueces entendieron que no se podía coartar el derecho laboral y le fijaron obligaciones a la ex funcionaria: presentarse todos los meses en el Consulado, comparecer ante el tribunal cuando sea convocada, pagar una caución de 10 mil pesos e informar cada vez que salga de Estados Unidos.
En su rechazo a la autorización, el fiscal Luciani pidió que el Consulado argentino en Miami envíe copia certificada del pasaporte de Picolotti para saber si realizó viajes.
Esa información llegó a la justicia argentina y se constató que Picolotti había realizado viajes a países como Islandia, Marruecos o Kenia que no habían sido informados a las autoridades judiciales o que los hizo en fechas posteriores a las fijadas.
Para el fiscal, Picolotti incumplió una de las reglas que le había fijado el tribunal y sus viajes por el mundo aumentan el riesgo para asegurar su presencia en el juicio oral.
Por eso, Luciani le requirió a los jueces que anulen la autorización para que Picolotti siga viviendo en Miami y ordenen su regreso al país para la realización del juicio oral.