El juez federal Ariel Lijo le pidió hoy a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas que presentó en 2014 y 2015 la vicepresidente Gabriela Michetti, para investigar el origen del dinero que fue robado de la casa de la funcionaria en noviembre del año pasado.
Además, el magistrado pidió información de la Fundación SUMA, que preside Michetti, y de otras tres ONG: "Crecer y Crecer", del intendente de Lanús, Néstor Grindetti; "Formar", del ministro de Transporte Guillermo Dietrich; y "Fundar Seguridad y Justicia".
Michetti sufrió el 22 de noviembre de 2015 el robo de 50 mil dólares y de 245 mil pesos que tenía en su casa del barrio porteño de Balvanera. Fue el mismo día que Cambiemos le ganó el ballotage presidencial al Frente para la Victoria. El ladrón resultó ser un oficial de la Policía Metropolitana que formaba parte de la custodia y que está procesado.
El caso se mantuvo oculto hasta que lo reveló una investigación periodística. Ante su difusión, Michetti dijo que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja y que los 240 mil pesos era dinero recaudado para Suma. Sin embargo, la fundación no estaba inscripta en la AFIP ni tenía empleados declarados.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó la semana pasada a Michetti y abrió una investigación para determinar el origen del dinero a instancias de una denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero.
Frente a ello, el juez Lijo pidió las declaraciones de Michetti y a la Inspección General de Justicia (IGJ) le solicitó los legajos de SUMA y las otras tres ONG. El magistrado quiere saber si puede haber movimientos de dinero en común entre ellas, porque los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia y señalaron que tienen poca actividad y que sus integrantes forman parte del gobierno nacional.