La desigualdad económica en el Perú sigue siendo una preocupación para la mayoría de la población, pero el rechazo ciudadano frente a estas brechas ha disminuido. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026), el 72% de los peruanos considera que el país es muy o algo desigual económicamente. Sin embargo, quienes califican esta situación como inaceptable pasaron del 51% en 2024 al 38% en 2026.
El estudio, elaborado por Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), también revela una fuerte percepción de concentración del poder político y económico. Más de ocho de cada 10 ciudadanos creen que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que actúan en su propio beneficio, mientras que solo el 6% considera que las decisiones se toman para el bien de todos.
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Desigualdad económica genera menos rechazo
Los resultados de la ENADES 2026 muestran que la percepción de desigualdad económica se mantiene en niveles similares a los registrados en 2022 y 2024. Además, el 52% de los encuestados considera que las brechas económicas aumentaron durante los últimos dos años.
Pese a ello, disminuyó la proporción de ciudadanos que consideran muy grave esta situación: pasó del 58% en 2024 al 52% en 2026. La reducción también se refleja en el rechazo a la desigualdad, pues solo el 38% la considera inaceptable, frente al 51% registrado dos años antes.
Para Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, esta menor indignación representa un riesgo. La representante advirtió que la reducción del rechazo no significa necesariamente una aceptación de las brechas, sino una posible resignación frente a un problema que persiste. Según indicó, el país tiene 2,3 millones de personas pobres más que en 2019, antes de la pandemia.
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Ciudadanos denuncian concentración del poder
La encuesta también revela una percepción extendida de que el poder está concentrado en grupos que actúan en beneficio propio. El 51% de los participantes identifica a los actores políticos, como los partidos y el Congreso, como parte de estos grupos, mientras que el 36% señala a los actores económicos, entre ellos las grandes empresas. Solo el 21% menciona al Gobierno y a las instituciones públicas.
Esta percepción se relaciona con la limitada capacidad que los ciudadanos creen tener para participar en las decisiones nacionales. Apenas el 27% considera que puede influir en ellas, mientras que el 55% sostiene que el país se gobierna desde Lima sin tomar en cuenta a las regiones. Para Oxfam, la desigualdad no se limita a las diferencias de ingresos, sino que también comprende quiénes tienen capacidad para decidir sobre los asuntos públicos.
Brechas de ingresos y acceso a derechos
Aunque el rechazo explícito a la desigualdad disminuyó, persiste el reconocimiento de las diferencias económicas. El 57% de los encuestados considera que la distancia entre los ingresos de las personas ricas y pobres es demasiado grande. Asimismo, el 46% no cree que todas las personas tengan las mismas oportunidades para salir de la pobreza en el Perú.
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Las desigualdades también se perciben en el acceso a servicios y derechos fundamentales. El 72% considera que existe un acceso muy desigual a la justicia, mientras que el 63% identifica brechas en el acceso a la salud y el 48% en la educación. Estas cifras se mantienen en niveles similares a los registrados en la edición de 2024.
A pesar de este escenario, el 68% de los participantes está de acuerdo con que el Estado implemente políticas firmes para reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres. Esta posición se mantiene en niveles similares a los de las encuestas anteriores.
Oxfam pide mayor participación ciudadana
A partir de los resultados de la ENADES 2026, Oxfam plantea la necesidad de ampliar la capacidad de la ciudadanía para influir en las decisiones públicas, fortalecer las instituciones y avanzar hacia un pacto fiscal justo. La organización advierte que normalizar las desigualdades puede debilitar la democracia y la igualdad entre los ciudadanos.
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La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas a 1.510 personas mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales de los 24 departamentos del país, 153 provincias y 462 distritos. El trabajo de campo se desarrolló entre el 28 de enero y el 2 de marzo de 2026, antes de las elecciones generales.
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