Inteligencia artificial y demanda energética: el desafío ambiental que el Perú no puede postergar

La conversación sobre inteligencia artificial (IA) suele concentrarse en algoritmos, productividad, empleo y transformación digital. Sin embargo, existe una dimensión menos visible que será determinante para su expansión: la infraestructura física que hace posible su funcionamiento.

La IA opera principalmente a través de centros de datos, instalaciones que albergan miles de servidores capaces de procesar y almacenar enormes volúmenes de información. Estos equipos funcionan de manera continua y generan grandes cantidades de calor, por lo que requieren sistemas permanentes de refrigeración y una conexión eléctrica robusta y estable. En algunos casos, dichos sistemas de enfriamiento también demandan un uso intensivo de agua.

La magnitud del desafío ya es visible. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad en 2024 y su demanda podría más que duplicarse hacia 2030, impulsada en buena parte por el crecimiento de la IA. La misma organización advierte que la concentración de estas instalaciones en determinados territorios puede generar presiones importantes sobre las redes eléctricas locales y el entorno ambiental.

Frente a esta realidad, surge una pregunta relevante para el Perú: ¿qué oportunidad representa este crecimiento y qué condiciones debemos construir para atraer inversiones de largo plazo de manera sostenible?

El país tiene atributos que podrían favorecer el desarrollo de infraestructura digital. Pero, contar con capacidad energética o disponibilidad de suelo no es suficiente. Hoy existe una brecha entre la velocidad con la que avanza esta industria y la regulación aplicable. Los centros de datos deben operar bajo normas ambientales, energéticas, territoriales y de recursos naturales que no necesariamente fueron diseñadas pensando en la escala y las características que puede alcanzar esta nueva infraestructura.

Desde una perspectiva ambiental, el reto no debería limitarse a fiscalizar impactos una vez que los proyectos están operando. Lo importante es anticipar cómo se evaluarán aspectos como eficiencia en el uso del agua y la energía, emisiones asociadas, sistemas de refrigeración, conexión a la red y utilización de fuentes renovables. La falta de criterios suficientemente claros puede generar incertidumbre regulatoria tanto para las autoridades como para los inversionistas. Y esa incertidumbre puede traducirse en mayores riesgos regulatorios, contractuales y operativos, así como eventuales conflictos por el uso de recursos y retrasos para proyectos intensivos en capital.

La experiencia internacional muestra que las jurisdicciones que combinan infraestructura confiable, predictibilidad regulatoria y criterios claros de sostenibilidad están mejor posicionadas para captar inversiones vinculadas a la economía digital. Para el Perú, la pregunta no es solo cuántos centros de datos queremos atraer, sino qué tan preparados estamos para integrarlos de manera sostenible a nuestra matriz productiva y energética.