Radón y cáncer: la radiactividad natural que la minería debe controlar

Un mineral puede ser estratégico para la economía y exigir, al mismo tiempo, una evaluación rigurosa de las condiciones en que será aprovechado. Detrás de cada proyecto hay trabajadores, familias, fuentes de agua y un territorio que seguirá allí después de la explotación. Cuando hablamos de minerales críticos, la protección de esas personas y de ese ambiente debe formar parte de la conversación desde el comienzo.

Hay un aspecto que merece mayor atención pública: los materiales radiactivos de origen natural, conocidos por la sigla NORM. Algunos minerales y materiales asociados contienen radionucleidos que pueden cambiar de distribución o concentrarse durante las operaciones. La pregunta es qué exposición pueden producir y qué medidas corresponden para controlarla. Para responder necesitamos caracterización, mediciones y reglas específicas.

Ser crítico no vuelve radiactivo a un mineral. Tampoco la presencia de radiactividad natural demuestra que un proyecto sea inseguro. Cada yacimiento, proceso y residuo requiere una evaluación acorde con sus características. Esa distinción permite proteger la salud con evidencia y ofrecer información que las personas puedan comprender y contrastar.

El radón ayuda a entender por qué importa esta tarea. Es un gas radiactivo natural que puede liberarse del terreno y acumularse en ciertos espacios cerrados. No tiene olor ni color. Sus descendientes radiactivos pueden inhalarse y depositarse en las vías respiratorias. La Organización Mundial de la Salud reconoce su relación causal con el cáncer de pulmón; el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo asociado a la exposición.

El hecho de que su origen sea natural no elimina la necesidad de prevenir. Si una actividad tiene condiciones que favorecen la acumulación de radón, corresponde conocer sus concentraciones y la exposición de sus trabajadores. Para el Perú, disponer de información representativa permitirá además dimensionar el problema sanitario. Mientras se construye esa información, las actividades prioritarias pueden identificarse y evaluarse.

La protección comienza con preguntas concretas. ¿Qué radionucleidos contiene el material? ¿Dónde terminan después de procesarlo? ¿Puede generarse polvo que se inhale? ¿Existen ambientes donde se acumule radón? ¿Qué contienen los residuos y cómo se manejarán? Estas respuestas deben influir en el diseño de la operación, la organización del trabajo y las medidas ambientales.

Mi propuesta es que el IPEN acelere, en su función reguladora, el desarrollo de un marco específico sobre NORM que acompañe el aprovechamiento de minerales críticos y otras actividades pertinentes. Debe identificar a los responsables de evaluar, establecer métodos confiables y definir cuándo los resultados obligan a intervenir. La obligación debe continuar hasta comprobar que las medidas funcionan.

La regulación peruana ya contempla la exposición crónica y niveles de actuación para radón. Sobre esa base, corresponde precisar y articular las condiciones aplicables a materiales, procesos y residuos. También necesitamos claridad sobre las responsabilidades de las autoridades. Para una empresa, un trabajador o una comunidad, debe ser posible conocer qué información se exige y quién verifica su cumplimiento.

Las referencias internacionales existen. El OIEA dispone de normas básicas de seguridad y guías para gestionar residuos NORM y proteger a los trabajadores frente al radón. Su enfoque permite graduar las exigencias según la exposición y las características de cada actividad. El Perú puede utilizar ese conocimiento para establecer requisitos propios y desarrollar la capacidad técnica que permita aplicarlos.

En radón, una medición útil necesita representar las condiciones de exposición. Deben definirse ubicación y duración del muestreo, calidad del servicio y criterios para interpretar resultados. Si hacen falta correcciones, pueden incluir medidas de ventilación y otras soluciones de ingeniería, según el diagnóstico. Después debe verificarse su eficacia. Un informe archivado no demuestra por sí mismo que las personas estén protegidas.

La responsabilidad ambiental continúa con los residuos y el cierre. Hay que evaluar las vías por las que los radionucleidos podrían llegar al aire, al agua o al suelo y establecer controles donde correspondan. Las comunidades deben acceder a resultados comprensibles y a información sobre las medidas adoptadas. Esa transparencia debe sostenerse durante las etapas relevantes del proyecto.

El IPEN debe liderar el componente radiológico junto con las autoridades sectoriales, laborales, sanitarias y ambientales. Una agenda pública, con plazos y consulta técnica, permitiría avanzar hacia reglas alineadas con las referencias internacionales. El riesgo de cáncer por radón es una razón concreta para actuar. La oportunidad de los minerales críticos debe encontrarnos preparados para identificar y controlar las exposiciones que puedan acompañar su desarrollo.