La Asociación Civil Iniciativa Democrática presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para que se inicie de oficio un procedimiento disciplinario contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que avalaron la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor pese a que estaría impedido por tratarse de una reelección encubierta.
La organización solicita, de acreditarse responsabilidad, la expulsión definitiva de los abogados colegiados en Lima y la suspensión cautelar de su habilitación profesional mientras dure el trámite.
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Los denunciados son Roberto Burneo, presidente del JNE; Martha Maisch; Rubén Torres y Aarón Oyarce. Los cuatro integraron la mayoría que aprobó la resolución que confirmó la permanencia en carrera de López Aliaga como candidato a primer regidor del Concejo Metropolitano de Lima.
Cabe precisar que respecto de Burneo Bermejo, cuya colegiatura histórica corresponde al Colegio de Abogados de Piura, la asociación pide verificar si también está incorporado al CAL y, de no ser así, remitir copias a la orden profesional de esa región para que evalúe el caso de forma independiente.
Los hechos
El caso se remonta a la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Tras esa renuncia, López Aliaga pasó a ocupar el primer lugar de la lista de regidores, posición desde la cual, de ganar la agrupación las elecciones, podría acceder nuevamente a la alcaldía para el periodo 2027-2030.
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Se presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro para pedir la exclusión de López Aliaga, al considerar que esa eventual sucesión configuraría una reelección inmediata, prohibida por el artículo 194 de la Constitución. El JEE declaró improcedente el pedido al calificarlo como una tacha presentada fuera de plazo.
Se apeló esa decisión ante el Pleno del JNE, pero este confirmó la improcedencia. Coincidieron en que la etapa para presentar tachas ya había precluido. El magistrado Gunther Gonzales fue el único magistrado que votó en minoría optando por excluir al líder de Renovación Popular.
Iniciativa Democrática sostiene que no busca revisar el fallo jurisdiccional, sino cuestionar que los cuatro magistrados del Jurado hayan cerrado el caso por un argumento procesal sin pronunciarse de manera diferenciada sobre la cuestión constitucional planteada, pese a su incidencia directa en la eventual asunción de la alcaldía de López Aliaga.
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La denuncia tipifica la conducta de los tres abogados colegiados en Lima en 3 artículos del Código de Ética del Abogado. Atribuye la infracción del artículo 6, numeral 1, que exige actuar con lealtad, probidad y buena fe, por haber aprobado una decisión que, según la denuncia, agotó la vía procesal sin diferenciar la cuestión constitucional sobrevenida. Imputa también la vulneración del artículo 7, que obliga a obedecer la ley y promover la confianza en la justicia. Y suma la infracción del artículo 8, referido a la integridad profesional.
Por ello, Iniciativa Democrática solicita que el Consejo de Ética del CAL inicie de oficio el procedimiento disciplinario, actúe las pruebas documentales ofrecidas y reciba los descargos correspondientes. La petición final exige que, de acreditarse la responsabilidad deontológica, se imponga la sanción de expulsión definitiva del Colegio de Abogados de Lima, además de la suspensión cautelar de la habilitación profesional de los denunciados mientras se tramite el expediente.
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