El Parlamento Andino aprobó una resolución que rechaza la violencia que afecta a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y reafirma la seguridad ciudadana como una prioridad compartida entre los Estados miembros. El documento, impulsado por los parlamentarios peruanos ante el organismo, expresa solidaridad con las víctimas y llama a fortalecer la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, según informó la agencia Andina.
La resolución busca que la seguridad ciudadana se constituya en “una prioridad compartida y sostenida de los Estados, orientada a proteger la vida, la libertad, la convivencia pacífica y las instituciones democráticas”, según el texto citado por la agencia. El pronunciamiento fue emitido por la mesa directiva del Parlamento Andino durante su período ordinario de sesiones, celebrado en Barranquilla, Colombia.
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Sesión en Colombia
La reunión en Barranquilla reunió a los representantes de los países que integran el organismo regional en un momento marcado por hechos de violencia en distintos puntos de la región andina. El encuentro sirvió como escenario para que la mesa directiva consolidara el pronunciamiento, que combina el rechazo a los hechos violentos con un llamado a la acción coordinada entre los gobiernos.
El texto aprobado no se limita a la condena de la violencia, sino que establece un marco de trabajo orientado a fortalecer los mecanismos institucionales existentes en materia de seguridad, con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional como eje central.
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Respaldo a la Decisión 922
El documento reconoce y respalda la gestión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Comunidad Andina en el fortalecimiento de la cooperación regional contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. El respaldo se enfoca particularmente en la Decisión 922 y en la continuidad de esa agenda a través de los acuerdos adoptados el 30 de septiembre de 2026.
El Parlamento Andino también manifestó su disposición a “acompañar, dentro de sus atribuciones, la implementación y el seguimiento de estos instrumentos”, en coordinación con la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina y las autoridades competentes de cada país, de acuerdo con el texto difundido por la agencia peruana.
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Llamado a una respuesta conjunta
La resolución exhorta a los gobiernos e instituciones de los países andinos a fortalecer una respuesta conjunta entre autoridades políticas, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior o Seguridad, las policías, las fiscalías o ministerios públicos, las procuradurías, las defensorías del pueblo, los órganos judiciales y las autoridades penitenciarias, aduaneras, migratorias y de inteligencia financiera.
El documento precisa que esta articulación “deberá respetar las funciones constitucionales y legales de cada institución y la independencia de los órganos judiciales y de control”, y traducirse en objetivos compartidos, responsabilidades definidas, recursos y mecanismos de evaluación, en consonancia con la Decisión 922.
Cooperación parlamentaria con EuroLat
El organismo puso a disposición de los gobiernos de los Estados miembros, del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Comunidad Andina sus capacidades de diplomacia parlamentaria, con el objetivo de facilitar el diálogo político, la cooperación multilateral y el intercambio de experiencias entre los poderes legislativos nacionales.
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La resolución plantea además promover espacios de trabajo con autoridades competentes, organismos especializados y sectores académicos, así como impulsar la cooperación parlamentaria birregional en el marco de EuroLat, con el fin de apoyar respuestas normativas e institucionales frente a las amenazas comunes que enfrenta la región.
El Parlamento Andino cerró su pronunciamiento con un llamado a impulsar una política integral de seguridad ciudadana que incorpore los lineamientos previamente aprobados por el organismo. Esta política, según el texto, debe combinar la prevención de la violencia, la investigación y sanción del delito, la atención y reparación a las víctimas, y la reinserción social como componentes de una estrategia sostenida en el tiempo.
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