Las autoridades subnacionales recientemente elegidas recibirán miles de obras inconclusas. Decidir con transparencia qué hacer con ellas será clave para que el presupuesto se traduzca en mejores servicios y en el cierre de brechas sociales. Sin embargo, no es el único riesgo que enfrentarán.
Ninguna región posee un riesgo bajo de integridad
Para medir los riesgos de integridad contra la corrupción y el mal manejo de recursos en los gobiernos regionales y locales, el Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS), que agrupa 14 indicadores en dos pilares, Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, y Desempeño Institucional y Control de la Corrupción. Con ello, clasifica a las 25 regiones en cinco niveles de riesgo: bajo, medio-bajo, medio-alto, alto y muy alto.
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En 2026, ninguna región alcanzó el nivel bajo. Así, se observa un deterioro en las condiciones para enfrentar la corrupción: las regiones en riesgo alto o muy alto pasaron de 3 a 10 desde 2019, mientras que las de riesgo bajo o medio-bajo disminuyeron de 15 a 6.
Las obras paralizadas son uno de los principales espacios vulnerables a la corrupción. A diciembre de 2025, 46 mil de los 74 mil proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales (62.1%) estaban paralizados o abandonados, frente a 47.5% en 2019. En ellos ya se gastaron S/ 14 mil millones que no generan beneficios para la población.
La Libertad: riesgo medio-alto de integridad
En La Libertad, la situación es más grave: 2,730 proyectos de sus gobiernos subnacionales están paralizados o abandonados, el 70.0% del total y la tercera mayor proporción del país. Son S/ 802 millones inmovilizados que podrían cerrar brechas sociales en la región.
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A ello se suman otros riesgos. En el IRIS, la región se ubicó en el nivel medio-alto con 5.3 puntos de 10, donde un menor puntaje implica un mayor riesgo. En el pilar Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, que incluye los proyectos paralizados, también hay otras alertas en las contrataciones públicas. El 9.9% se realizó por selección directa, es decir, sin concurso público entre proveedores. Es la cuarta mayor proporción del país, más del doble del promedio nacional (4.6%).
Asimismo, el 44.3% de las contrataciones tuvo un solo postor, frente al 35.1% nacional. Ello puede sugerir requisitos hechos a la medida de un proveedor y, sin competencia, el Estado pierde la posibilidad de conseguir mejores precios.
En el pilar Desempeño Institucional, se observa una baja aprobación ciudadana de los gobiernos subnacionales. Solo el 11.1% de adultos aprueba la gestión de su gobierno regional y el 21.7% la de sus municipalidades, la tercera menor proporción del país en ambos casos y por debajo de sus niveles en 2019 (26.0% y 37.5%, respectivamente). En contraste, la región registra la menor tasa de sentencias por corrupción del país: 2.7 por cada mil trabajadores públicos, frente a 6.3 a nivel nacional.
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Recomendaciones
Las nuevas autoridades de La Libertad deben decidir públicamente si cada obra paralizada continúa, se reformula o se cierra, según las brechas de servicio, su viabilidad técnica y la capacidad de operarlas. Asimismo, deben limitar las contrataciones directas a los casos que contempla la norma y evitar requisitos que restrinjan la participación de postores. Finalmente, una mayor transparencia y rendición de cuentas es clave para recuperar la confianza ciudadana.
Puede encontrar más información en: https://incoreperu.pe/indices/iris-indice-de-riesgos-de-integridad-subnacional.
(*) Elaborado por Ana Lucía Del Río, economista del IPE.
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