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Perú bajo presión fiscal: Impacto de leyes del Congreso llegaría a S/50 mil millones en 2027

El Gobierno de Keiko Fujimori ya está planteando ‘bajarse’ una serie de leyes que presionarían a las arcas del Estado en 2027

MEF apoya que las leyes del Congreso que se aprobaron y generan impacto fiscal se lleven al TC para eliminarlas. - Crédito Perumin

El costo fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso se incrementó en 854% durante el último gobierno. Del 2022 al 2026, el costo de estas medidas ha sido creciente conforme se han ido implementando de manera gradual y pasaron del S/3,5 mil millones en 2022, pasó a S/30 mil millones en 2026.

Y para el 2027 el panorama sería peor, con una presión fiscal que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calcula en S/50 mil millones.

“Actualmente, las cuentas fiscales del país se ven afectadas por la creciente proliferación de leyes con impacto adverso sobre el equilibrio fiscal. Entre 2021 y 2025 se publicaron 248 leyes de este tipo, cifra que triplica el promedio de 78 registrado en los periodos congresales previos (entre 2006 y 2021). De este conjunto, resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”, reafirmó el MEF en el informe del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

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El Consejo Fiscal ya cuestionaba las leyes aprobadas por el Congreso de la República en los últimos años. - Crédito Canal N

MEF sugiere mayores presiones

Pero esta proyección se mantendrá solo “de no adoptarse correctivos”. “Esta acumulación de compromisos rígidos presionó directamente la formulación del presupuesto 2026, que incorporó una importante expansión del gasto corriente en desmedro de la inversión pública”, añade el MEF.

Asimismo, la participación de la inversión dentro del presupuesto no financiero se redujo de 28,5% en 2023 a 22,3% en 2026, la del gasto corriente aumentó de 68,7% a 74,3% en el mismo periodo. Y “de continuar esta tendencia, las presiones seguirán desplazando los componentes más productivos del gasto y comprometiendo recursos presupuestarios de periodos futuros”.

Y solamente ya las iniciativas legislativas aprobadas por el Pleno del Congreso en marzo de 2026 ilustran la magnitud fiscal de estas presiones y “su concentración en componentes rígidos”.

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En el corto plazo el aumento de pensiones para los militares es la que tiene mayor impacto fiscal. - Crédito Composición: Infobae Perú

Las leyes en la mira

Así, si bien ya el MEF había detallado y sugerido cuáles eran las medidas que presionaban las arcas fiscales y cuáles estaban en su mira, el MMM 2027-2030 ya las enumera oficial y textualmente.

Entre las medidas con mayor incidencia destacan las siguientes:

  • Incremento de pensiones del personal militar y policial, con un costo total estimado de S/14 mil 851 millones
  • La nivelación de pensiones de docentes jubilados, con un costo anual estimado de S/8 mil 18 millones
  • El pago de CTS y gratificaciones para trabajadores CAS, con un costo anual estimado de S/3.006 millones.
La Ley de aumento de pensiones para maestros estaría entre las más costos al largo plazo. - Crédito SUTEP

Pero estas no son las únicas. “A ello se suman iniciativas vinculadas con incorporación de personal CAS a otros regímenes, bonificaciones, creación de universidades públicas y beneficios tributarios, algunas sin estimación disponible de costo fiscal”, añade el MEF.

  • Incorporación al personal CAS del MINSA y EsSalud al régimen 728: S/944 millones anual
  • Otorgamiento de bonificación para veteranos de pacificación nacional: S/122 millones anuales
  • Otorgamiento de bonificación por cargo a persomal administrativo 276 del sector educación: S/122 millones anuales
  • Cambio del contrato de CAS-COVID a CAS regular en ESSALUD: S/20 millones.

En conjunto se tratarían de medidas que amplían obligaciones permanentes, incrementan la rigidez del gasto corriente y reducen el espacio disponible para financiar otras prioridades públicas, “en un contexto en el que la convergencia fiscal ya exige mayores esfuerzos de contención y priorización”.

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