En las últimas semanas el Perú volvió a estar en los titulares internacionales por la vertiginosa transición en la Presidencia de la República. Este nuevo cambio se suma a una década marcada por reemplazos sucesivos en la conducción del Ejecutivo, una dinámica que ha erosionado la continuidad institucional y consolidado la fragilidad política como un rasgo persistente de nuestro sistema.
El país acumula ocho presidentes en menos de diez años, con una alternancia acelerada en la jefatura del Ejecutivo y una rotación constante de ministros y altos funcionarios. Esta inestabilidad no solo genera incertidumbre económica, también impacta la capacidad del Estado para sostener políticas públicas coherentes y previsibles en el tiempo.
En sectores estratégicos como el pesquero, la continuidad es una condición esencial de gestión. Cada cambio en la conducción política suele implicar ajustes en viceministerios, direcciones generales y equipos técnicos. Cuando esa dinámica se repite con frecuencia, se interrumpen procesos, se pierde experiencia acumulada y se debilita la ejecución de estrategias de mediano plazo.
El sector pesquero es uno de los pilares de nuestra economía. Por su parte, el sector pesquero industrial genera alrededor de 250 mil empleos directos e indirectos, aporta más de USD 3.000 millones en divisas por exportaciones y articula a miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo del litoral. La pesquería de anchoveta, además, es reconocida internacionalmente como un modelo de manejo sostenible sustentado en evidencia científica.
Por su parte, el segmento orientado al consumo humano directo y la pesca artesanal cumple un rol estratégico en el empleo y la seguridad alimentaria del país, al sostener a miles de familias a lo largo del litoral. En la coyuntura actual, marcada por dificultades en especies como la pota, este subsector evidencia la necesidad de reglas claras y continuidad técnica que mitiguen impactos y otorguen previsibilidad a quienes dependen de esta actividad.
Por ende, esa sostenibilidad no es automática, depende de decisiones técnicas rigurosas, como el monitoreo permanente de la biomasa, evaluaciones científicas independientes, definición oportuna de temporadas de pesca y establecimiento de cuotas responsables. La previsibilidad regulatoria es fundamental para que el sector pueda planificar inversiones, operaciones y empleo.
En este contexto, la estabilidad en el Ministerio de la Producción representa una oportunidad. Mantener políticas de desarrollo claras y consistentes, priorizar la investigación científica y la solidez de los equipos técnicos deben constituir el eje de la gestión sectorial. La política sectorial no puede reiniciarse sin afectar su eficacia.
Hoy el desafío es aún mayor. El estado de vigilancia frente a un posible evento de El Niño Costero obliga a actuar con anticipación y criterio técnico. La sola probabilidad de condiciones cálidas en el litoral peruano introduce riesgos para el sector pesquero como ciertos eventos que suelen alterar la distribución de los recursos marinos, afectar la disponibilidad de biomasa y modificar las condiciones operativas de pesca. Esperar a que los efectos se manifiesten plenamente para recién reaccionar sería un error costoso.
Adelantarse implica reforzar el monitoreo científico, trabajar con escenarios prospectivos y definir estrategias preventivas que protejan tanto el recurso como el empleo que depende de él. También implica tomar decisiones oportunas, incluso en contextos de presión o incertidumbre.
En un país donde la inestabilidad política se ha vuelto recurrente, blindar las políticas sectoriales estratégicas es una señal de madurez institucional. La pesca requiere continuidad técnica, reglas claras y decisiones basadas en evidencia científica, no en coyunturas políticas.
La resiliencia del sector ha sido notable a lo largo de los años, sin embargo, frente a un entorno político volátil y a desafíos climáticos, la mejor defensa es la estabilidad en las políticas y las decisiones para la prevención ante potenciales escenarios de desastre.