¿Cómo poner los derechos humanos en el centro del debate electoral en Perú?Amnistía Internacional lanza campaña ‘Mira Bien’

Amnistía Internacional presentó la campaña “Mira Bien” este 27 de enero en Lima, a menos de tres meses de las elecciones generales en Perú. La iniciativa busca que los derechos humanos sean el eje central de la discusión pública, permitiendo a la ciudadanía identificar propuestas que los respalden o amenacen de cara al periodo 2026–2031.

La organización sostiene que una sociedad que no garantiza derechos humanos afecta de manera profunda la vida cotidiana, perpetuando ciclos de violencia, exclusión y desigualdad. “Las autoridades que resulten elegidas tendrán una oportunidad única de comprometerse con la dignidad humana y construir el país que queremos, con derechos para todas las personas”, manifestó Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú. El objetivo es que cada persona pueda salir a trabajar y regresar a casa a salvo, caminar por las calles sin miedo y alzar la voz frente a las injusticias, sin represalias ni temores.

En los últimos años, Amnistía Internacional advirtió sobre una tendencia hacia prácticas autoritarias y consolidación de la impunidad en Perú, lo que ha debilitado derechos como la libertad de expresión, la asociación y el acceso a la justicia. Ante este panorama, la organización considera esencial que la ciudadanía rechace propuestas que puedan reforzar estas tendencias, afectando de forma negativa la vida diaria.

La campaña identificó con preocupación que, frente a problemas como la inseguridad ciudadana, la violencia machista y la crisis ambiental, algunos planes de gobierno sugieren medidas que podrían profundizar estos desafíos. Entre ellas se destaca la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento, o incluso la eliminación, de instituciones esenciales para la defensa de los derechos de las mujeres y la gobernanza ambiental.

En un país donde cada 46 minutos una niña o mujer es reportada como desaparecida, preocupa que propuestas electorales consideren prescindible o fusionable al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), o que omitan la educación sexual integral, clave para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres y prevenir embarazos adolescentes y no deseados.

“Vemos propuestas que en vez de ofrecer respuestas estructurales a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, optan por políticas punitivas y no preventivas. También observamos con preocupación narrativas polarizantes y discursos que apelan al miedo o a la renuncia de derechos, cuando la sociedad que queremos se construye justamente con derechos garantizados. Por eso, el rol activo y vigilante de la ciudadanía, que impulse un debate y un voto informado, es esencial para el presente y el futuro de nuestro país”, aseguró Jennie Dador.

La campaña movilizará a grupos de activismo en 14 regiones de Perú, quienes realizarán acciones de difusión y educación, además de poner a disposición una herramienta digital para fortalecer la vigilancia ciudadana, buscando que se prioricen propuestas y discursos políticos compatibles con los derechos humanos.

Labor de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional se ha consolidado como una de las organizaciones más influyentes en la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel global. Fundada en 1961, su labor abarca la investigación, documentación y denuncia de violaciones de derechos fundamentales en más de 150 países. Gracias a campañas de incidencia y presión internacional, la organización ha contribuido a la liberación de presos de conciencia, la abolición de la pena de muerte en numerosos Estados y la mejora de legislaciones para proteger a poblaciones vulnerables.

La acción de Amnistía Internacional se basa en la movilización ciudadana y la participación activa de millones de personas en todo el mundo. Mediante la publicación de informes, la organización expone situaciones de abuso y exige a gobiernos y actores privados el cumplimiento de estándares internacionales. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar la violencia de género, la discriminación, la represión de la protesta social y otros desafíos contemporáneos, promoviendo la defensa de la dignidad humana y la justicia universal.