La reestructuración de Petroperú, liderada por ProInversión, busca devolver sostenibilidad financiera a la empresa estatal sin necesidad de privatizarla. Según explicó Ángel Delgado, director del proyecto, en declaraciones a RPP, el plan tiene como objetivos principales proteger los recursos públicos, mejorar la eficiencia operativa, recuperar la confianza en los mercados financieros y generar un impacto positivo en el precio de los combustibles a nivel nacional.
Esta iniciativa no solo busca sacar a la empresa de una crisis financiera, sino también ofrecer beneficios concretos para el país. Delgado precisó que la transformación apunta a convertir a Petroperú, actualmente “en manos de sus acreedores”, en una entidad eficiente y sostenible, capaz de operar con autonomía y bajo principios de buena gestión.
Uno de los objetivos inmediatos de la reestructuración es proteger el dinero de los peruanos. Con la incorporación de capital privado, el Estado dejará de destinar impuestos para cubrir ineficiencias operativas de la compañía. “La idea es que nuestros impuestos no se estén utilizando justamente para pagar cualquier ineficiencia que pudiera haber en la empresa”, señaló Delgado al citado medio. Además, el operador privado aportará inversiones adicionales, reduciendo la carga financiera que actualmente recae sobre el ciudadano.
¿Bajará el precio del combustible?
Otro beneficio importante del plan está relacionado con el precio del combustible. La reestructuración pretende eliminar distorsiones provocadas por la estructura actual de Petroperú. Al mejorar la eficiencia y reducir costos innecesarios, se espera un alivio en los precios de los combustibles a nivel nacional.
“Creemos que esta reestructuración va a impactar positivamente en el precio del combustible... el decreto de urgencia va a hacer que los precios bajen”, afirmó Delgado, al explicar que las ineficiencias actuales elevan los costos por encima de los estándares internacionales.
Petroperú enfrenta actualmente una deuda de US$ 5,000 millones, que la colocó en una “trampa de liquidez” y le hizo perder su condición de sujeto de crédito. La reestructuración ya ha empezado a generar señales positivas en los mercados financieros, despertando interés en el sector bancario para estructurar financiamiento y dotar de capital de trabajo a la empresa.
Esto permitirá que activos estratégicos, como la Refinería de Talara, vuelvan a ser operativos y rentables, fortaleciendo la capacidad de producción y abastecimiento del país. La recuperación de la confianza y el crédito es un paso clave para que Petroperú pueda funcionar con eficiencia y seguridad financiera.
Blindaje de activos estratégicos
El plan también busca proteger los activos estratégicos de la nación y garantizar que Petroperú no caiga en un proceso concursal ante Indecopi. Esto asegura que la titularidad de los recursos permanezca bajo control del Estado, evitando el desmantelamiento de la compañía por parte de acreedores. “La idea del Decreto de Urgencia es que el Estado peruano no pierda esa posibilidad de control y asuma de manera responsable y transparente una gestión adecuada”, explicó Delgado a RPP.
ProInversión trabaja además en alinear los incentivos del operador privado con los del Estado, de modo que las ganancias generadas beneficien a ambos. La empresa podrá emitir hasta un 30% de acciones para captar capital fresco, permitiendo su modernización sin comprometer su carácter nacional.
Según Delgado, los primeros resultados tangibles de la reestructuración podrían percibirse antes de agosto de este año. Entre ellos se esperan una empresa más eficiente, una gestión transparente, la recuperación de la rentabilidad de activos estratégicos y un efecto positivo en el precio de los combustibles.
Del precio mayorista al grifo: cómo funciona el mercado
Si bien la reestructuración de Petroperú apunta a mejorar la eficiencia y reducir costos internos, el efecto sobre el precio final del combustible no se daría de manera directa, como podría interpretarse a partir de lo señalado por el vocero de ProInversión.
Petroperú no opera grifos ni fija precios al consumidor. Su rol se limita a la venta mayorista de combustibles, mientras que la distribución y comercialización final está en manos de operadores privados, que determinan los precios bajo un esquema de libre mercado.
En ese marco, una eventual reducción en los costos o en el precio mayorista tras la reestructuración no garantiza automáticamente un alivio en los grifos a nivel nacional, ya que cada operador define de manera independiente el valor final en sus estaciones.
Además, en la región, los precios mayoristas de empresas estatales como Ecopetrol, ENAP o Petrobras siguen la evolución de los precios internacionales y muestran niveles similares a los de Petroperú, por lo que no existen diferencias estructurales que coloquen a la petrolera peruana por encima del promedio regional.