El presidente interino José Jerí descartó este lunes realizar cambios en el gabinete, pese al incremento de crímenes durante el estado de emergencia impuesto en Lima y Callao, una medida que se mantendrá por “el tiempo que sea necesario” para continuar la lucha de las autoridades contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Consultado por un grupo de periodistas sobre la posibilidad de reemplazar a alguno de sus ministros, respondió: “Para nada”. Negó incluso un relevo en el Ministerio del Interior, a pesar de que al menos seis personas, entre ellas dos adolescentes, fueron asesinadas en la capital durante la jornada previa.
El mandatario informó que su gestión ya recibió las propuestas del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y que se encuentra en la etapa final de elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana. “Nos han entregado las propuestas del FBI, que ha sido producto de unas reuniones de semanas anteriores. Entonces, ya estamos en la etapa final de elaboración del plan de seguridad ciudadana”, dijo.
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“El estado de emergencia es un mecanismo, es una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Hay que tener en claro que las restricciones o las vulneraciones a los derechos que se dan en un estado de emergencia son muy puntuales, son muy específicos. Más allá de ello, no afecta el normal desempeño o no debería afectar el normal desempeño de la población en su día a día”, sostuvo.
El plan de seguridad no contemplaría modificaciones a la ley N.º 32108, que exige la presencia de un abogado del investigado durante los allanamientos y que, según críticos, retrasa las diligencias.
Al ser interrogado sobre una eventual derogatoria de las llamadas leyes ‘pro-crimen’, respaldadas por Jerí cuando era congresista, o sobre un posible mea culpa, el jefe de Estado negó cualquier cambio de postura.
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“No hay un cambio de opinión hasta que terminemos de analizar, como lo está haciendo el Ministerio de Justicia, en las diferentes actividades que están convocando, que han convocado y que seguirán convocando para poder analizarlas”, dijo.
Cuestionamientos
De acuerdo con el Colegio de Abogados de Lima, al menos 13 leyes y un decreto legislativo aprobados por el Legislativo actual “atentan contra la seguridad ciudadana y protegen el crimen organizado e impiden el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho” en el país.
Las normas cuestionadas restringen la colaboración eficaz mediante plazos fijos y cortos para su culminación, excluyen la detención preliminar en casos sin flagrancia, limitan la duración de la prescripción penal al impedir que su suspensión exceda un año, y dificultan la persecución de delitos complejos como la corrupción y el lavado de activos.
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Entre las iniciativas que Jerí respaldó figuran la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia, la protección de partidos políticos ante procesos por crimen organizado y cambios que obstaculizan la incautación de bienes de origen ilícito. También apoyó la prórroga de procesos de regularización minera, medida señalada como favorable a la minería informal.
Ninguna de estas leyes ha sido derogada por su gobierno, lo ha motivado movilizaciones de estudiantes universitarios, gremios laborales y organizaciones civiles en varios puntos de Lima, con numerosa presencia policial.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una visita inopinada que realizó por la noche a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien fue víctima del quinto atentado con explosivos en lo que va de su gestión.
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