Fuerza Popular pide la inscripción de su plancha presidencial liderada por Keiko Fujimori

El partido Fuerza Popular solicitó la inscripción de la plancha presidencial que lidera Keiko Fujimori para participar en las Elecciones Generales 2026. Esta sería la cuarta oportunidad en la que busca la Presidencia de la República.

Acompañan a Fujimori los excongresistas fujimoristas Luis Galarreta y Miguel Torres en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Así, Fuerza Popular se convierte en el segundo partido en solicitar la inscripción al Jurado Electoral Especial. El primero en hacerlo fue Avanza País, cuya fórmula presidencial está integrada por José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela.

Trámite en el JEE

Según el Reglamento de Inscripción de candidatos, en un plazo de 3 días de presentada la solicitud de inscripción, el JEE deberá verificar que esta cumpla con los requisitos para ser admitida. Si no es así, se le concederá 2 días a Fuerza Popular para que subsane las omisiones.

Una vez que el JEE admita a trámite la solicitud de inscripción se abrirá el periodo de tachas de candidatos. En esta etapa, cualquier ciudadano podrá pedir la exclusión de un candidato o de toda la plancha presidencial por incumplimiento de alguna norma electoral.

Luego, si las tachas son desestimadas definitivamente, recién entonces el JEE procederá a inscribir la plancha presidencial integrada por Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres. La solicitud de inscripción solo es el primer paso.

¿Fin del caso Cócteles?

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez de investigación preparatoria nacional Wilson Verástegui que no aplique la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, argumentando que el fallo contiene “vicios graves” y se basa en “premisas falsas”.

Durante la audiencia del último viernes 19 de diciembre, Pérez afirmó que la sentencia del TC incurre en errores al señalar que a Fujimori se le imputó el delito de lavado de activos bajo la modalidad de “receptación patrimonial”, cuando en realidad la acusación fiscal fue por “actos de conversión”. El fiscal calificó la resolución como “sentencia política y prevaricadora”, advirtiendo que podría acarrear responsabilidad por infracción a la Constitución en un futuro periodo legislativo.

El representante del Equipo Especial Lava Jato sostuvo que un juez ordinario puede dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional si se demuestra la existencia de “vicios graves” en el fallo. “Puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas, implica un vicio de gravedad”, remarcó.

Pérez instó al juez Verástegui a no limitarse a ser “mesa de partes” del TC y a ejercer su independencia jurisdiccional. En caso de que el juez decida acatar la sentencia y devolver la carpeta fiscal, el fiscal precisó que, al anularse todas las actuaciones desde el inicio de la investigación preliminar, el Poder Judicial pierde competencia sobre el caso. “Soy yo, el fiscal, quien debe tomar la decisión de si se archiva o no ese caso. Soy yo el fiscal quien debe decidir si trasciende en la historia de la justicia de nuestro país o no. Si su ámbito de acción es no trascender, devuélvanos el expediente”, enfatizó.

Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, defendió la validez de la sentencia del Tribunal Constitucional y sostuvo que debe cumplirse. “Basta de seguir un caso donde no hay un caso penal”, manifestó, aludiendo a que el fallo del TC establece que no corresponde atribuir a Fujimori los delitos de lavado de activos y organización criminal.